“ES NECESARIO y urgente trasladar recursos por $2,5 billones de funcionamiento del Ministerio de Salud hacia el aseguramiento en salud, el cual no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el compromiso gubernamental de girar el valor de UPC y presupuestos máximos aprobados para el año 2024”. Así comienza una carta de cinco páginas dirigida al Gobierno nacional, pero puntualmente, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
En la misiva solicitan enviar esos recursos a la Adres, para garantizar la atención de salud que los colombianos necesitan y merecen. Su petición se fundamenta, en que “de manera inédita el Ministerio de Salud y Protección Social decidió apropiar $5,05 billones para usos distintos a los originalmente planeados en términos de aseguramiento, priorizando áreas que requieren inversiones con recursos nuevos y no ser objeto del desplazamiento de los recursos que hoy en día se utilizan para prestar servicios de salud”.
Los recursos destinados a garantizar este derecho fundamental han sido utilizados de manera inapropiada, afectando la efectiva realización del mismo, sostienen. “A la fecha se han girado $1,6 billones y se registra una disminución en su apropiación por $900.000 millones (aún a la espera de identificar a qué rubro se adicionarán esos recursos), quedando disponibles $2,5 billones, según información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)”, indican.
Asimismo, sostienen que “el aseguramiento es una prioridad legal y constitucional por su rol en la protección directa del derecho a la salud. De hecho, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que los recursos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y Presupuestos Máximos deben girarse de manera oportuna y prioritaria como medio para proteger el derecho fundamental a la salud”.
“Para el financiamiento de la UPC y, de conformidad con el ritmo de gasto al mes de mayo, se requerirá una incorporación adicional mínima de $2,3 billones a este rubro. La UPC financia más del 97% de los servicios de salud y es la garantía del derecho fundamental”, añaden en la misiva.
Si no se trasladan, “el derecho a la salud estará gravemente comprometido en la segunda mitad del año, en un contexto fiscal adverso con recortes y aplazamientos adicionales”.
El documento está firmado por una larga lista de exministros y personajes de la política colombiana como Edna Bonilla, Humberto de la Calle, Alejandro Gaviria, Rudolf Hommes, Pedro Nel Ospina, Juan Alberto Londoño, Juan Guillermo Serna, José Manuel Restrepo, entre otros.