LA CAÍDA del ritmo de ejecución presupuestal durante el primer tercio del gobierno Petro tienen tres explicaciones.

La primera y más obvia, ha sido la inestabilidad gubernamental, lo que explica principalmente el cambio en menos de un año de más de la mitad del gabinete, así como la remoción de muchos altos funcionarios, la mayoría de ellos que han salido criticando la gestión del ejecutivo y la toma de decisiones por parte del propio presidente y sus ministros.

En segundo término, resulta claro que la administración Petro cuando asumió el poder, no tenía construidos los principales proyectos de reforma para aterrizar sus promesas electorales. Ello está comprobado en que las iniciativas más importantes referidas a los cambios en materia laboral, pensional, de salud, política agraria, educación, ajustes minero energéticos e incluso en la plataforma de inversión social o no han sido aprobados después de 16 meses por el Congreso, debido en gran parte a su radicalidad y a que el gobierno se niega a concertarlos con las mayorías de los partidos de oposición o independientes, o porque desde el punto de vista gubernativo hay mucha lentitud y fallas en la implementación de las medidas que se han tomado desde el punto de vista administrativo.

Llamados de atención

De hecho, el propio presidente Petro en varias ocasiones en el último año, ha tenido que llamarle la atención a su gabinete por la lentitud en la gestión e incluso se ha hablado de ultimátum al respecto.

Esta situación fue más evidente durante el trámite del proyecto de presupuesto general de la nación para 2024, en donde, no solo las bancadas de independientes y de oposición, sino también las gobiernistas, amenazaron con no darle más recurso a aquellas carteras que pese a tener suficiente presupuesto, venían muy colgadas en la ejecución de proyectos y programas a su cargo.

Sin embargo, en tercer lugar, la mayor traba en la ejecución presupuestal se debe a que, a diferencia de anteriores gobiernos, se nota una deficiencia en el seguimiento técnico y detallado de lo que hace cada ministerio y entidad.

Otras maneras

En el gobierno Uribe, por ejemplo, el entonces mandatario fue criticado por algunos sectores por lo que se denominó su tendencia ‘al microgobierno’. Es decir, que el jefe de Estado acostumbraba en sus consejos regionales y locales por todo el país, a ordenar decisiones gubernativas pequeñas y exigirles a sus ministros y altos funcionarios que se concentraran en la solución de las problemáticas cotidianas expresadas por las comunidades en esos consejos comunitarios.

Ya en el gobierno Santos, acorde incluso con políticas de la llamada ‘tercera vía’, el gobierno apostó por una gerencia de alto cargo en cuanto al cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal y los cronogramas respectivos del plan nacional de desarrollo.

En cabeza de la entonces consejera presidencial, María Lorena Gutiérrez, mensualmente se hacía una revisión detallada de la gestión de los ministerios, se establecían planes de acción para los flancos en donde fueran evidentes los retrasos en la ejecución presupuestal y la implementación de las metas.

Al detalle

“…Más allá de las revisiones generales que se hacían durante los consejos de ministros periódicos, Gutiérrez tenía una interacción muy activa con los ministros y altos funcionarios, en donde incluso se utilizaba la figura de los colores del semáforo para hacer un seguimiento permanente a la implementación del plan y la ejecución presupuestal.., el presidente Santos siempre pedía cuentas al respecto, la consejera daba el reporte pertinente y el jefe de Estado indagaba, ministro por ministro, qué había pasado con los retrasos y problemáticas en esos campos, incluso al propio director de planeación”, le dijo a EL NUEVO SIGLO un exalto funcionario de esa administración.

Ya en el gobierno Duque, mucho más concentrado en el tema gerencial, sobre todo por el impacto de la emergencia pandémica, en la gestión y ejecución presupuestal y del plan de desarrollo, ese modelo gubernativo fue más enfático en el seguimiento técnico, detallado y periódico de lo que hacía o no hacía cada ministerio y entidad.

Tanto desde la secretaria privada como en el departamento administrativo de la presidencia y varias consejerías, se tenía un reporte casi que en tiempo real sobre esos dos aspectos fundamentales para medir el nivel de eficiencia y eficacia oficial.

En caída

Sin embargo, esa gerencia al centímetro del día a día del gobierno, se debilitó una vez llegó el presidente Petro a la Casa de Nariño.

Son varias las circunstancias que explican esa situación. En primer lugar, si bien se nombró un jefe de gabinete, cuya principal función era precisamente vigilar el termómetro de la ejecución presupuestal y la gestión cartera por cartera, dicho cargo en cabeza de Laura Sabia terminó más dedicado a asuntos de coyuntura política, táctica legislativa y manejo burocrático.

A ello debe sumarse que la misión funcional de la jefa de gabinete terminó debilitándose por cuenta de los escándalos que empezaron a suceder a su alrededor, especialmente los referidos a las investigaciones por la financiación de la campaña electoral de 2022 y luego el aún confuso episodio de las ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales a sus exempleadas domésticas por la pérdida de un dinero en su residencia.

Al final, Sarabia terminó saliendo del cargo el 29 de mayo, y si bien se habló de un reemplazo, este nunca se concretó en un funcionario con la suficiente ascendencia y experticia para llevar a cabo la tarea de vigilancia diaria sobre la ejecución presupuestal y la implementación del plan de desarrollo. Pero no solo en la jefatura de debate hubo cambios, también en el departamento administrativo de presidencia se presentó ya un relevo, tras la salida del Dapre, de Mauricio Lizcano para el ministerio de las TIC, el 19 de abril, y la llegada a ese cargo de Carlos Ramón González.

De igual manera, se sabe que hay una alta funcionaria de Planeación Nacional que se encarga de hacer los seguimientos a la implementación del presupuesto y las respectivas metas, y que incluso su reporte fue analizado durante la cumbre del presidente Petro y sus ministros que se realizó entre lunes y martes en la capital del país, con el fin de conocer cómo va la gestión y los resultados gerenciales del gobierno en este 2023 y las prioridades para 2024.

Recuadro

Se ha ejecutado apenas el 79,4%

Restan días para que concluya 2023 y en las arcas del Gobierno aún hay plata sin ejecutar. De cada $ 1.000 comprometidos por el Ejecutivo, se han destinado $ 785.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 fue aprobado por $ 405,6 billones y se le añadió $ 17,6 billones, para un total de $ 423,2 billones, de los que se ha ejecutado el 79,4%.

Del monto ($ 423,2 billones) se han comprometido a noviembre $ 362,7 billones (85,7%), obligado $ 336,1 billones (79,4%) y pagado $ 332,3 billones (78,5%), según el Informe de ejecución del PNG 2023 del Ministerio de Hacienda.

Aunque entidades como los ministerios de Educación (88%), Salud (87%) o Igualdad (85,2%) registran altos porcentajes de ejecución con corte a noviembre pasado, hay otras que están relegadas que ni siquiera han comprometido la mitad de sus recursos. Es el caso del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que dirige Carlos Ramón González, quien apenas ha ejecutado el 15% del presupuesto.

Muy de cerca le siguen organismos como Planeación (34,7%), que lidera Jorge González, o Ambiente y Desarrollo Sostenible (40,9%), encabezado por la ministra Susana Muhamad, otra de las funcionarias más cercanas del jefe de Estado y quien tiene a su cargo la batuta de una de las carteras más importantes y decisivas del Ejecutivo.