COMO YA se ha venido desmenuzando el contenido del Presupuesto General para el 2025, que tiene como director a Mauricio Salazar-Saenz, realizó el ‘Informe sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2025’ y en el que puntualizó que este tendría un desfinanciamiento de $31,1 billones por varios factores.
Señala el análisis conocido por EL NUEVO SIGLO, que el proyecto expone un monto de $523 billones de los cuales $328 billones (63%) se destinan a funcionamiento, $113 billones (21%) al servicio de la deuda pública y $82 billones (16%) a la inversión pública.
El monto propuesto en el PGN para 2025 supone un 3% de crecimiento en términos reales en comparación con el de este año. Este crecimiento se concentra en el monto destinado al pago de deuda pública con $13,1 billones adicionales (13%) y el rubro de funcionamiento con $17,6 billones adicionales (5%). Sin embargo, la inversión pública caerá 16% en términos reales con $14,8 billones menos para el próximo año.
Menos ingresos
Indica que las proyecciones de ingresos y el posible desfinanciamiento son una preocupación central en relación con el presupuesto del próximo año. Los ingresos proyectados para 2025 alcanzan $511 billones, dejando un déficit de $12 billones que el Gobierno planea cubrir mediante una Ley de Financiamiento. Existe una alta dependencia en la aprobación de esta ley, en la eficiencia de la DIAN para alcanzar las metas de recaudo y el buen desempeño económico de Ecopetrol, lo que añade incertidumbre al cumplimiento de la regla fiscal el próximo año. En concreto, el riesgo de desfinanciamiento por estos motivos asciende a $31,1 billones.
Advierten los expertos que “en caso de que el Congreso no apruebe la Ley de Financiamiento, la caída en el rubro de inversión pública podría llegar al 30%. El cumplimiento de la Regla Fiscal en 2025 dependerá de una reducción del gasto y de la realización de ajustes fiscales adicionales si se concretan los riesgos de desfinanciamiento señalados. En este escenario, el presupuesto de inversión se podría seguir viendo afectado dado que, por las inflexibilidades del gasto de funcionamiento, el Ejecutivo tiene poco margen de discrecionalidad para hacer recortes en este rubro. Desde el Observatorio Fiscal consideramos que en el corto plazo se debería racionalizar el incremento en los gastos de funcionamiento y en el mediano plazo es necesaria una reforma a la estructura del gasto público en el país que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Los gastos
Según el informe, “en términos de gastos, el presupuesto total para 2025 se desglosa en gastos de funcionamiento por $328 billones (63%), servicio de la deuda pública por $113 billones (21%) e inversión pública por $82 billones (16%). Sin embargo, se anticipa una caída del 16% en la inversión pública, lo cual podría afectar negativamente el crecimiento económico y el bienestar general”.
Explican los economistas, que “el sector con mayor asignación presupuestal para 2025 es el servicio a la deuda pública, con $110 billones, seguido de Educación ($79 billones), Salud y Protección Social ($61 billones), Defensa y Policía ($59 billones) y Trabajo ($53 billones). La deuda pública sigue siendo el sector con mayor asignación, $21 de cada $100 pesos del presupuesto nacional se destinarán al pago de obligaciones crediticias. Esto es un síntoma de unas finanzas públicas en deterioro, pues la mayor parte de este rubro se destina al pago de intereses cada vez más costosos”.
Indican que “el trámite legislativo apenas empieza. Esta etapa incluye varias fases de revisión y aprobación tanto en las Comisiones Económicas Conjuntas como en las plenarias de ambas cámaras legislativas. El Congreso tiene la oportunidad de devolver el proyecto de presupuesto al ejecutivo antes del 15 de agosto exigiendo un menor crecimiento del gasto de funcionamiento para mantener la sostenibilidad fiscal”.
Los ingresos más significativos son los provenientes del recaudo de impuestos y los recursos de capital (en este rubro se contabiliza como ingreso el financiamiento externo e interno a través de deuda pública). En específico, los ingresos de la Nación serán de $483,6 billones representando el 95% de los ingresos totales mientras que los $27,3 billones restantes proviene de ingresos propios de las entidades del orden nacional, representando el 5% de los ingresos totales para un total de $511 billones de ingresos del PGN 2025.