Los productores mineros del país pusieron el grito en el cielo con la implementación del Decreto 044, que permitirá actualizar y registrar las nuevas áreas de reserva temporal, una herramienta que, según el Ministerio de Ambiente, garantizará que no se otorguen nuevos títulos mineros o autorizaciones hasta que se verifiquen las condiciones establecidas por la normativa vigente.

EL NUEVO SIGLO consultó con el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, respecto a la controversia que se ha presentado con las decisiones del Gobierno y el sector de la minería.

Para los mineros, este decreto genera dudas, es subjetivo y es todo lo opuesto a lo que una política pública debe tener, y es que debe ser transparente, debe ser consultada con las comunidades.

Susana Muhamad González, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, enfatizó que el decreto no pretende frenar la actividad minera, sino garantizar que esta se desarrolle bajo condiciones que minimicen su impacto negativo en el medio ambiente.

Sin transparencia

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su posición respecto al Decreto 044 emitido por el Ministerio del Medio Ambiente sobre el sector minero?

JUAN CAMILO NARIÑO: Creo que eso ha sido parte de la discusión este año y medio que hemos venido teniendo desde la Asociación con el Decreto 044 y es que en sí lo que enmarca, lo que presenta ese decreto, es todo lo opuesto a lo que una política pública debe tener; y es que debe ser transparente, debe ser consultada, debe ser objetiva, debe no depender de funcionarios y adquirir un criterio de un funcionario cualquiera que sea de Bogotá. El Decreto 044 lo que tiene es que es subjetivo, genera enormes dudas, no da claridad y da amplias potestades y facultades al Ministerio de Ambiente desde Bogotá para que determine áreas sin consultarles a los gobernadores, a las corporaciones o a las comunidades que se van a ver afectadas en relación con eso.

ENS: ¿Cómo se declaraba antes una zona de reserva en las regiones mineras?

JCN: Existen leyes en el país para decretar un parque nacional natural, ese es un proceso muy largo, de muchos estudios dependiendo de las comunidades, para decretar áreas de reserva realmente ambientales, de valores ecológicos en un departamento. Es un proceso que Colombia ya tiene establecido y que ha usado hace muchos años. Eso necesita toda suerte de estudios técnicos y científicos, necesita surtir un proceso de consulta a las comunidades, es decir, Colombia ya tiene mucha experiencia en eso, tiene una gran cantidad de áreas protegidas y son procedimientos válidos y aceptados por todos. Lo que está haciendo el Ministerio con el Decreto 044 es inventarse un nuevo procedimiento, saltándose todo eso, estudios técnicos, consultas a las comunidades, todo.

La actividad

ENS: ¿Qué tanto se va a reducir la actividad con estas determinaciones?

JCN: Este es un decreto que le faculta al Ministerio a poner un área de reserva y el efecto de esa área de reserva es suspender esa actividad minera por un periodo inicial de cinco años, prorrogable indefinidamente, eso en cualquier parte del país. Entonces el efecto se va a dar cuando el Ministerio ponga y pacte resoluciones que afecten un departamento específico, por ejemplo, como anunció ya para el departamento de Santander.

ENS: ¿Este aspecto qué tanto va a frenar la inversión en el sector?

JCN: Cuando se saque la resolución para un departamento no solo la afecta, sino que prohíbe la inversión en minería, porque ahí en esa área está prohibiendo la totalidad de la minería.

ENS: ¿No es un contrasentido que se tomen esas determinaciones cuando el país hoy requiere de esos recursos, de esas regalías que deja la producción minera?

JCN: No solo eso, que estoy totalmente de acuerdo con usted es un contrasentido. Son un Ministerio y un Gobierno que han sido los que más han impulsado los mecanismos de participación ciudadana y de tomar decisiones de manera contada con las comunidades. Y de algo que han carecido y se caracterizan estos decretos y resoluciones es que el Ministerio no le ha consultado a nadie, no es un proceso de participación efectiva real con ninguno.

Consecuencias

ENS: De avanzar con esta situación y estas decisiones del Gobierno, ¿qué va a hacer el sector minero?

JCN: La consecuencia directa de esto es que donde vaya y se decrete un área de estudio, se suspenda la actividad minera. Con las consecuencias para el empleo y el desarrollo, sin duda.

ENS: Este año vemos que el precio del oro va subiendo y que va a beneficiar al país por la producción y por los buenos precios internacionales. ¿Las decisiones del Gobierno van a impactar necesariamente en la disminución de los recursos que lleguen al sector?

JCN: Claro, sin duda alguna. Como le digo, esto es de carácter nacional y lo que genera es una enorme duda sobre toda la industria minera de orden nacional. El Ministerio puede determinar un área de exclusión de la minería en cualquier parte del territorio.

ENS: ¿Más o menos cuánta es la actividad legal que se desarrolla en el sector minero?

JCN: Este es un sector que genera en el país alrededor de un millón de empleos, representa el 2,4 % del PIB, representa el 15 % de la inversión extranjera directa, el 30 % de las exportaciones totales del país y que en los dos últimos años por el impuesto de renta y en aportes de regalías le ha dado al desarrollo nacional unas cifras cercanas a los $35 o $37 billones. Y para este sector tan importante para la estabilización de las finanzas públicas, este tipo de medidas generan incertidumbre en el momento en que más se necesita inversión en el territorio, el momento en que más se necesita aportar un desarrollo a los colombianos.

Demandas

ENS: ¿Qué se podría hacer como para reducir el impacto de esas decisiones del Gobierno?

JCN: Ese Decreto 044 ya ha sido demandado por varios grupos de interés. Nosotros como Asociación hemos coadyuvado en ciertas demandas con otros 12 gremios, incluido el gremio de las corporaciones autónomas. Por eso ahí en los titulares de prensa de hace una semana salió “hasta las corporaciones autónomas se oponen al Decreto 044”, por las implicaciones también profundas que esto tiene de diezmar la autonomía que la Constitución les daba a las corporaciones autónomas.

ENS: ¿Pero no se conoce todavía una decisión jurídica al respecto de demandas o tutelas?

JCN: No.

ENS: ¿Hay algún proyecto del sector que se impulse a nivel de Congreso para contrarrestar o suavizar esas decisiones del Gobierno?

JCN: No, la Constitución no permite ninguno, los instrumentos legales cuando son decretos es a través de demandas al Consejo de Estado. Ese es el infortunio que tiene una democracia cuando un gobierno, lo que debe hacer por leyes con una discusión amplia en el Congreso, trata de hacerlo por decretos.