El sector minero del país elevó su voz de protesta ante el Gobierno por el decreto que le da facultades al Ministerio de Ambiente para declarar unilateralmente zonas de reserva ambiental temporales.
El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Juan Camilo Nariño, advirtió que esta actividad está en riesgo en el país por el decreto. De acuerdo con el dirigente gremial, con este documento se suspende por cinco años la actividad minera, al declarar algunas regiones de diferentes departamentos del país como reserva ambiental temporal. Estos cinco años iniciales son prorrogables.
“El decreto en sí mismo genera una enorme incertidumbre por su subjetividad, su arbitrariedad, su falta de concertación”, dijo Nariño.
En ese mismo sentido, aseguró que este sector, que viene cayendo un 6,7 % en su crecimiento, también verá una reducción en la inversión extranjera directa.
“La minería establecida en cualquier otra parte del país o las inversiones que están llegando, a lo único que se someten es decir: oiga, pero venga, en cualquier parte del país la ministra o un funcionario en Bogotá puede determinar un área de reserva y afectar mi inversión por tanto tiempo y la respuesta es que sí”, sostuvo Mariño.
Asegura que se incrementará la ilegalidad en el sector minero y se afectará el empleo en los seis departamentos que cobija y los futuros proyectos que están esperando licencias ambientales.
“Lo paradójico es que esto es un decreto ambiental. Pero la ilegalidad, sobre todo en la extracción ilícita de minerales como el oro, lo que tiene como significado para el país, es una enorme degradación ambiental”, añadió.
El sector minero representa el 2,4 % del PIB, con $15,4 billones de aportes fiscales, con $2,2 billones en impuestos, $9,2 billones en regalías y $3,0 billones de renta minera.
A esta inconformidad de la ACM se sumó Fenalcarbón ante el decreto 044 del Ministerio de Medio Ambiente, que según ellos, no acude a estudios, consultas, concertación o trámites de aprobación.
El presidente del gremio, Carlos Cante, dijo que, “como lo hemos demandado ante el Consejo de Estado, el decreto 044 del Ministerio de Medio Ambiente, genera una especie de moratoria minera por la mera incertidumbre jurídica. Nadie va a realizar inversiones en ningún área minera del país, teniendo la incertidumbre de que el Gobierno pueda de manera arbitraria prohibir el desarrollo de esos proyectos por medio de la declaratoria de áreas de reserva temporal, pero con vocación de volverse permanente”.