UNA EVALUACIÓN de la Contraloría General de la República al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, encontró una gestión ineficaz de los recursos, que estaban destinados a satisfacer las necesidades de la población más vulnerable del país. Incluso hay pagos de subsidios a personas fallecidas y a personas que tienen ingresos importantes y que declaran renta.
En esta auditoría se evaluaron los estados financieros de Prosperidad Social al 31 de diciembre de 2023 y se establecieron 21 hallazgos administrativos de los cuales 17 tienen presunta incidencia disciplinaria y 10 con incidencia fiscal por $108.869.283.650. Adicionalmente, se solicitaron 2 aperturas de Indagación Preliminar por $46.717.108.000.
Durante la vigencia 2023, Prosperidad Social contó con una asignación de $9,8 billones, distribuida en 18 proyectos de inversión, la cual tuvo una ejecución total a nivel de compromisos de solo el 85%. Se presentó una pérdida de apropiación en la vigencia auditada de $1.459.369.495.179, correspondiente a 15 proyectos de inversión.
Para la vigencia 2023, la baja ejecución de los programas de inversión de Prosperidad Social se dio por debilidades en los trámites de aprobación de vigencias futuras. Dice el órgano de control que “hay insuficiente gestión del presupuesto por parte del ordenador del gasto de la entidad, como también de los directores a cargo de la formulación y ejecución de los proyectos, producto de fallas en la planificación, estructuración, ejecución y cumplimiento de lo planeado, teniendo en cuenta que si bien se solicitaron y asignaron recursos destinados a la satisfacción de las necesidades de la población objeto de intervención, estos no se ejecutaron en su totalidad”.
De los cruces de las bases de datos suministradas por Prosperidad Social, se pudo establecer que no cuenta con las condiciones de exactitud. Se siguen presentando casos de pago a beneficiarios fallecidos. Se evidencian pagos a beneficiarios que no cumplen con las condiciones.
Se encontraron transferencias a fallecidos según cruce de información con la Registraduría Nacional, beneficiarios que han declarado renta ante la DIAN e incumplimiento de criterios de permanencia.