Algunas de las alternativas que tiene el Gobierno para la generación de empleo en el país se encuentran contempladas en el articulado del proyecto de inversión social o reforma tributaria que actualmente se discute en el Congreso.

Este proyecto ya surtió su trámite en las respectivas comisiones económicas de Senado Y Cámara y ahora deberá superar los debates en las plenarias.

Al superar el primer debate, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, saludó el aval a la iniciativa: "Con esta primera aprobación se ratifica la necesidad de llevar las medidas que contempla el proyecto para seguir apoyando a los más vulnerables, quienes siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia; así como la necesidad de generar empleo y condiciones para reactivar la economía y, por supuesto, dar un respiro a nuestras finanzas públicas”.

Con un desempleo de 14,3% en julio de este año, pero cayendo frente al mismo periodo del año pasado casi 6% y casi 1% comparado con junio, hoy 3,4 millones de desempleados, esperan opciones para poder aprovechar nuevos puestos de trabajo.

El PAEF

Precisamente dentro del articulado que espera el segundo debate en el Congreso, hay varios que inciden en la reactivación de la economía como, por ejemplo, el Capítulo II del proyecto, como es el caso de Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).

Allí se estableció en un artículo nuevo (art. 42) que las cooperativas también podrán acceder a este programa. Así mismo, el artículo 19, que contiene las disposiciones para la ampliación del programa, también vio algunos cambios, pues se modificó desde mayo de 2021 a diciembre de 2021 su cobertura, y también se abrió la posibilidad de extenderlo hasta diciembre de 2022, cuando en el articulado original solo estaba contemplado hasta junio de 2022.

También se aprobó el artículo 42 que permite a las Cooperativas de Trabajo Asociado ser beneficiarias del subsidio a la nómina.

Otro de los cambios compatibles con este programa quedó consignado en el art. 41, que establece un apoyo a las empresas afectadas por el paro nacional, un aporte estatal para contribuir al pago de obligaciones laborales de los meses de mayo y junio de 2021.

La cuantía del aporte, según la ponencia, “corresponderá al número de empleados multiplicado por hasta el 20% del valor del salario mínimo legal mensual vigente.

Asimismo, el incentivo para la creación de nuevos empleos es otra arista del proyecto que vio varios cambios con las proposiciones.

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Salario mínimo

El art. 22 del proyecto ya no solo contempla un aporte estatal equivalente al 25% de un salario mínimo legal mensual vigente por cada uno de los nuevos trabajadores adicionales que contraten las empresas, sino que también se incluye una propuesta, que fue presentada por el representante del Partido Liberal, John Jairo Roldán, de un incentivo equivalente al 15% de un salario mínimo para aquellas trabajadoras mujeres mayores de 28 años que devenguen hasta tres salarios mínimos.

Además, se incluyeron facultades para que el Gobierno, en agosto de 2023, “previa evaluación de los resultados del programa del incentivo a la creación de nuevos empleos, así como de los indicadores de desempleo juvenil y crecimiento económico, determine mediante decreto la extensión de este incentivo”.

Seguridad social

Entre algunas de las propuestas conocidas para la generación de empleo, está la del presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Mauricio Santamaría, quien plantea que es necesario desligar la seguridad social de la forma de vinculación con el mercado laboral.

“Proponemos que los empleadores y trabajadores dejen de cotizar paulatinamente a salud y se recauden los recursos por medio de otros impuestos. Se propone una implementación gradual por población, pero manteniendo la progresividad. Así los trabajadores pueden dedicar más recursos a sus pensiones, se reducen los incentivos de los trabajadores a no formalizarse y se reducen las barreras de los empleadores a formalizar a sus empleados. Es fundamental reglamentar adecuadamente la contratación y cotización al sistema de seguridad social por horas”, señala el dirigente gremial.

Indica en sus propuestas que “se debe reconocer que una proporción significativa de la población ocupada trabaja menos de 20 horas a la semana y requiere unas reglas diferentes. Por esa razón, hay que promover una reforma de impacto para reglamentar el trabajo por horas. Debido a la diferencia en los ingresos laborales regionales proponemos que exista un salario mínimo diferencial y es necesario además generar medidas que incentiven el empleo en las mujeres y eliminen las barreras en la contratación”.

Contrato social

Al mismo tiempo, otra de las propuestas es por parte del director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien dice que se debe establecer un nuevo contrato social en el que se incluyan reformas como la “extensión del subsidio a la nómina con enfoque de género para empleos formales durante el segundo semestre del año. Suponiendo que la mitad de las empresas que aplicaron durante la primera fase del subsidio a la nómina continúen aplicando al programa, esto tendría un costo total de $2,5 billones (0,25% del PIB)”.

Asimismo, se debe adoptar un plan de empleo público de emergencia focalizado en menores de 28 años. Urge una política de choque de empleo público focalizada en estos jóvenes, que podría ejecutarse a nivel territorial para infraestructura. Una fuente importante de financiación puede provenir de las regalías del bienio 2021- 22”.

También se deben establecer programas de apoyo a la economía del cuidado, lo cual permitiría que una gran proporción de mujeres que ingresaron a la inactividad por la pandemia, puedan reintegrarse a la fuerza laboral, así como adelantar una tasa progresiva de cotización en salud, iniciando en 0% para ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo.

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Inequidad

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, dice referente a lo que puede impulsar la reforma tributaria respecto al empleo, que “nos preocupan las medidas que se traten de tomar y que afecten la creación de empleo. Esto es a lo que Colombia se tiene que dedicar. Si producimos empleo vamos a ser capaces de atender la pobreza, la inequidad, los problemas de salud y educación, entre otros”.

Sostiene que “hay que recordar que Colombia tiene una informalidad que supera 50%, y esto tiene muchas implicaciones como la competencia desleal entre las compañías que no pagan salarios plenos o prestaciones sociales versus las que sí lo hacen y eventualmente tienen una carga diferencial importante. Estas son las preocupaciones que se exacerban en tiempos electorales. Sí asusta que el apetito electoral supere a la responsabilidad”.

Las medidas del Gobierno

Mientras tanto, el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, ha indicado en varias oportunidades que entre las iniciativas que contempla el Gobierno, de las cuales algunas están incluidas dentro del proyecto de inversión social, destaca extender el mecanismo de Protección al Cesante así como adoptar el Compromiso por Colombia para la generación de empleo, con la ejecución de proyectos de inversión e infraestructura.

Precisamente en este punto, se establece el nuevo compromiso con una inversión de $100 billones.

El compromiso consta de 465 proyectos que buscan: generación de empleo, crecimiento limpio y sostenible, apoyo a los más pobres y vulnerables, apoyo al campo y la paz con legalidad, la construcción de más de 14 vías nacionales y más de 8 regionales: también se adjudicarán 3 proyectos de 5G: Malla Vial del Valle: Accesos Cali-Palmira, La navegabilidad por el río Magdalena y el Canal del Dique.

Asimismo, se establecerán incentivos tributarios para empresas de economía naranja: las rentas provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas, por un término de siete años. Debe generar mínimo 3 empleos.

También, se adoptarán incentivos tributarios para el desarrollo del campo: las rentas provenientes de inversiones que incrementen la productividad en el sector agropecuario, por un término de diez (10) años. Deben acreditar mínimo 10 empleos.

Uno de los últimos puntos que promoverá el Gobierno es que, para la Zona Económica y Social Especial, se establecerá una tarifa general de renta del cero por ciento (0%) por los primeros 5 años y del 50% de la tarifa general de renta durante los 5 años siguientes, pero deben aumentar 15% el empleo con respecto al promedio generado en los últimos dos años.