La carta que el Consejo Gremial Nacional (CGN) le envío al Gobierno y en la que le pide dejar proyectos de protesta social en manos del Ejecutivo entrante, no es sino la punta del iceberg del inconformismo de varios grupos empresariales con la Administración Santos.

En las últimas semanas, gremios como el cafetero, el petrolero, el energético, el hotelero y el de las finanzas, han reclamado al gobierno por la falta de políticas que a su parecer se quedaron en el tintero para apoyar el desarrollo de sus respectivos mercados.

El CGN

En la carta, el CGN (que agrupa a 21 sectores de la producción del país) le pide al mandatario dejar en manos del nuevo gobierno tres proyectos que, según los empresarios, necesitan ser revisados con calma. 

“Con preocupación se ha evidenciado la intención de expedir antes de fin de su mandato regulaciones que no tienen carácter urgente y que, por su transcendencia para el país, deberían dejarse a disposición del nuevo gobierno”, señala. El primero de los proyectos a los que hacen referencia los empresarios es el del protocolo para la protesta social.

"Para garantizar que así suceda y evitar que las acciones de protesta lesionen los derechos de los demás ciudadanos, la Carta Política establece que La Ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Esto fue lo que hizo el Código Nacional de Policía expedido en el 2016", señala el texto.

El segundo proyecto que destaca el CGN es el que redefine el territorio ancestral de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta iniciativa busca incluir 348 zonas nuevas en esos territorios. Por consiguiente, dentro de ellas comenzarían a regir las normas legales aplicables a los pueblos indígenas.

Una tercera iniciativa es aquella por la cual se reglamenta el capítulo IV y las demás normas ambientales de la Ley 70 de 1993. Con este proyecto se busca regular el uso de la tierra.

Para el Consejo Gremial son preocupantes las implicaciones y conflictos que se pueden generar sobre el uso y destino de la tierra entre las autoridades de las comunidades étnicas, las autoridades ordinarias y las restricciones que se autoimpondría el Gobierno Nacional en materias ambientales.

Los cafeteros

Por otra parte, ayer el Comité Directivo y el Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) hizo un “llamado urgente” al nuevo Gobierno Nacional ante la “difícil situación que vive el gremio. Tras analizar la compleja situación que atraviesa la caficultura nacional, gravemente afectada por la caída del precio interno del grano, los representantes gremiales de los quince departamentos cafeteros tomaron la determinación de informar a la opinión pública sobre la profunda preocupación que los embarga a ellos y a sus familias. 

Otro factor que está afectando la rentabilidad del sector es el elevado costo de los insumos del café, en especial los fertilizantes que en el último año aumentaron 8%. Reclaman los cafeteros que “los costos de producción no permiten que el caficultor retome la dinámica de renovación de cafetales y demás actividades para mantener la productividad de los cafetales y por ende el ingreso de las familias cafeteras”. 

El miembro principal por Caldas al Comité Nacional de Cafeteros, Eugenio Vélez Uribe, expresó que esperaba que el gobierno fuera más generoso y más comprensible con la realidad que hoy viven. “Para unas cosas sí hay recursos suficientes, pero para el café las ayudas siguen siendo insuficientes”, reclamó. Más adelante insistió en que parece que el gobierno no ha entendido la dimensión de la crisis que viven los caficultores. "Con estas condiciones no vamos a ser capaces de llegar a las metas de 18 millones de sacos, como él plantea”.

Las finanzas

El gremio de las empresas microfinancieras del país, Asomicrofinanzas, le hizo un reclamo al Gobierno por querer ponerle techo a las tasas de interés como lo sugirió Bancoldex. El gremio dijo que no considera una medida conveniente en este momento de empalme y cuando se ha conseguido sacar del ʺgota a gotaʺ a un importante número de microempresarios.

“Si Bancoldex pone techo a las tasas de interés volveremos a cifras de 7 millones de microempresarios dependiendo del los llamados pagadiarios, será un retroceso inconveniente”, señaló María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas.

Gas y Petróleo

Por su parte, la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova), gremio que agrupa a las empresas dedicadas al gas licuado de petróleo, dijo que no se explica por qué este servicio no se ha extendido al resto del país. Indica que la demanda energética de la nación, en especial la residencial de los estratos 1 y 2, han encontrado en el GLP un combustible con ventajas importantes, referentes a instalación y movilidad, razón por la cual se ha posicionado como un combustible significativo.

Asimismo, el sector petrolero representado en la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) señaló que hace falta incentivar la inversión. “La inversión del sector se viene reactivando, pero aún es la mitad de la ejecutada en años previos a la caída de los precios internacionales del crudo, por esto desde la ACP hemos planteado unas propuestas prioritarias para materializar estas inversiones, lograr los aportes proyectados para el país y seguir siendo un aliado de su desarrollo”, afirmó Francisco José Lloreda Mera, presidente ejecutivo de la asociación mencionada.

Todavía el sector está a la espera de que se logre un régimen fiscal competitivo, se le dé celeridad a la asignación de áreas, además sacar adelante reformas en el Sistema General de Regalías, revisar los costos operacionales, asegurar la estabilidad jurídica, viabilizar la competencia en la importación de combustibles líquidos, liberar gradualmente el mercado y trabajar en el “Plan de Alistamiento” para la incorporación de nuevas reservas (YNC).

Los hoteleros

A su turno, los hoteleros agrupados en Cotelco, indicaron que hubo temas en la agenda de su sector que no tuvieron eco en el gobierno. Entre ellos están el desmonte de la sobretasa a la energía y el cambio en las reglas de juego por los inversionistas que construyeron o remodelaron hoteles entre los años 2003 y 2017, cuya renta pasó de 0 a 9% o, en el caso de las personales naturales, a 33%.

Otras iniciativas que no tuvieron respaldo fueron la separación de los recursos fiscales de los parafiscales en el Fontur y la devolución a los gremios de los sectores aportantes en la utilización de los recursos parafiscales.

Otra queja, es que el sector venía reclamando la creación de un grupo élite contra la oferta informal de alojamiento integrado por la SIC, DIAN y el Mincit, pagado con recursos parafiscales de la hotelería, pero esto no fue posible.

Además estaba la imposibilidad de practicar retención en la fuente a ciertas OTAS, lo que implica que el hotelero debe asumir esa retención, así como revisar la reglamentación del transporte especial que no permite prestar el servicio a no huéspedes de hotel.