Los trabajadores británicos de la compañía Liberty Steel, propiedad de Sanjeev Gupta, uno de los principales imperios siderúrgicos del mundo, se enfrentan a un futuro incierto, después de que esta semana se anunciara la venta de tres fábricas en el Reino Unido.

Se le consideraba el salvador de la industria siderúrgica británica, pero ahora el multimillonario indobritánico Sanjeev Gupta lucha por la supervivencia de su imperio, tras sospechas de fraude y el colapso de Greensill Capital, una polémica empresa de préstamos de la que era uno de sus principales clientes.

Según los abogados de esta financiera, su desaparición podría amenazar 50.000 empleos en el mundo.

Liberty emplea a 3.000 trabajadores británicos, y su empresa matriz, el holding GFG Alliance, a 35.000 en todo el mundo. Gupta afirmó inicialmente que ninguna de sus fábricas del Reino Unido cerraría.

Pero la decisión de esta semana de vender tres fábricas en el norte y centro de Inglaterra ha sumido en la duda a sus 1.500 trabajadores.

Liberty debe ser un "vendedor responsable" y encontrar un comprador que "no se limite a desvalijar los activos", afirmó Clive Royston, representante del sindicato Community de Liberty en Stocksbridge (norte de Inglaterra).

"Estamos preocupados y no tenemos detalles", dijo a la AFP. "Es difícil, (los obreros) hacen preguntas y no puedo contestar".

Crisis de liquidez

La compañía financiera Greensill ha contribuido a la expansión de GFG con préstamos a corto plazo para las empresas, evitándole así las fuertes restricciones de los bancos tradicionales.

Pero el colapso en marzo de Greensill, que había invertido 3.500 millones de libras (4.100 millones de euros, 5.000 millones de dólares) en GFG, desencadenó una crisis de liquidez en la empresa matriz.

Desde entonces Sanjeev Gupta ha buscado desesperadamente nuevos fondos para evitar el cierre de fábricas de su rama siderúrgica.

Pero es complicado, dado que Liberty todavía no habría devuelto un préstamo de 18 millones de libras (25 millones de dólares, 15 millones de euros) a Metro Bank, que la acusa de haber violado "cláusulas y restricciones".

Liberty negocia con el banco Credit Suisse. El gobierno británico se negó a prestarle 170 millones de libras (241 millones de dólares, 197 millones de euros), aduciendo la naturaleza "opaca" de GFG.

Arriesgándose a ayudar a una empresa en apuros los inversores pueden obtener muchas ganancias pero también perder todas sus inversiones, recordó Dirk Jenter, de la London School of Economics.

Bajo la presión de los acreedores, Liberty "busca dinero e intenta vender sus activos de mayor liquidez", explica el economista, "un intento de ganar tiempo para mantener viva la empresa".

¿Nacionalización?

Pero según Jenter, una investigación abierta contra GFG por sospecha de fraude y lavado de dinero disuadirá a los posibles inversores.

"Es una señal de alarma. Haría falta un inversor muy valiente para fiarse de las cifras proporcionadas por Liberty", declaró a la AFP.

La pandemia del nuevo coronavirus "paralizó" la fábrica de Stocksbridge, que abastece al sector aeroespacial, muy afectado por la epidemia, recordó el sindicalista Clive Royston.

"Aquí no hay mucha industria. Stocksbridge se construyó en torno a la fábrica", explica, haciendo hincapié en la necesidad de proteger los empleos.

En general, todo el sector británico del acero se enfrenta a grandes desafíos, como el aumento de los precios de la electricidad y los impuestos a las empresas, matiza el economista David Bailey, de la Universidad de Birmingham.

Un excedente en el mercado mundial del acero y la competencia de China también han debilitado al sector.

Pero la crisis de Liberty se debe a "problemas más estructurales", estima el investigador. "Dependían mucho de Greensill cuando quebró y quedaron demasiado expuestos".

Bailey cree que el gobierno británico debería intervenir mediante una tutela al estilo estadounidense, es decir el Estado administra y reforma las empresas antes de devolverlas al sector privado.

Pero el secretario de Estado para las empresas británicas, Kwasi Kwarteng, declaró recientemente a los diputados que una nacionalización era "poco probable".