En medio de la peor pandemia que ha tenido el país y la emergencia sanitaria que ha puesto a prueba toda la capacidad del sistema de la salud, en el Congreso se oscureció el futuro de la reforma del sector.

Aunque desde septiembre de 2020 el Gobierno nacional envió al Congreso mensaje de urgencia para tramitar el proyecto, este año y cuando faltan cerca de 20 días hábiles para que se acabe la actual legislatura, no se ha realizado el primer debate.

Ayer la situación se volvió crítica cuando el Partido Liberal, de manera oficial, solicitó archivar el proyecto de ley que contempla la reforma al sistema.

A través de una carta dirigida a las comisiones séptimas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, en donde está tramitándose el proyecto de Ley 10 de 2020, 26 congresistas liberales pidieron el retiro de esta reforma.

Señalan los firmantes que “el presente proyecto de ley no mejora el acceso a los servicios de salud, no soluciona el problema de deudas del sistema, profundiza el negocio de la salud por medio de oligopolios de intermediarios financieros y finalmente lleva a la privatización del sistema no solo en la inversión de los recursos, sino en la contratación de salud que realicen las entidades públicas”.

Los congresistas liberales indicaron que “entendiendo que el país se está manifestando y que uno de los clamores populares, reconocidos de manera transversal en el paro nacional, los representantes aquí firmantes hemos hecho un análisis juicioso del articulado de la reforma a la salud, tanto el texto inicial, como el propuesto por la subcomisión”.

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Negativas

Otra colectividad que también anunció su rechazo al proyecto, es el partido Mira. En una comunicación por Twitter, declaró que “después de un estudio detallado del proyecto de reforma a la salud, el Partido Mira no apoyará esta propuesta porque no resuelve problemas estructurales, en especial la atención oportuna y de calidad para pacientes, así como condiciones más justas para los trabajadores del sector”.

En este mismo sentido, congresistas del Centro Democrático, del Partido de La U y de Cambio Radical, le han quitado su respaldo al proyecto y se han justificado argumentando que a esta propuesta le han introducido diferentes cambios, por lo cual se encuentra “totalmente modificada” a la ponencia que fue presentada en el primer debate.

También en la mañana de ayer, el senador Rodrigo Lara solicitó a la Comisión Séptima del Senado que se retire su firma como coautor del proyecto de reforma a la salud. Lara solicitó al presidente de dicha Comisión, Ritter López, que retire su firma del proyecto de ley 010 de 2020 en el Senado de la República. En su misiva, el congresista argumenta que ya no hará parte de dicho edicto debido a que la reforma a la salud es promovida por el partido Cambio Radical “partido en el que ya no milito”, expresó.

De otro lado, se conoció que las subcomisiones que recopilaron las abundantes proposiciones presentadas al proyecto, nada que arrancan su discusión.

Incluso, el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, afirmó en una columna periodística que “la esperada reforma integral del sistema de salud, sigue sin mostrar señales de vida. Esta iniciativa se ha presentado en tres oportunidades, pero en esta ocasión fue suscrita por el propio Gobierno y con mensaje de urgencia para su trámite. ¿Cómo explicar que, en medio de esta crisis sanitaria, la reforma más urgente siga estancada y que la ponencia ni siquiera se haya comenzado a votar?”.

Audiencias

Ayer incluso, el senador Ritter López, de la Comisión Séptima, dijo que “se ha hecho un buen trabajo, democrático, dando todas las garantías, hicimos 10 audiencias en todo el territorio nacional. He convocado a dos audiencias el viernes 15 de mayo y lunes 17 donde pueden participar todos los actores del sistema de salud. Eso debe servir para cambiar el articulado”.

El proyecto inicial presentado con la firma de unos 90 congresistas, constaba de doce capítulos y 68 artículos. En la exposición de motivos se destacaban unas consideraciones técnicas, basadas en la revisión de algunos estudios relativos a temas relevantes del sistema de salud, lo que no se había hecho explícito anteriormente. En cuanto al contenido, se propone eliminar 23 artículos y adicionar 20, de modo que el proyecto quedaría con diez capítulos y 65 artículos. En los demás artículos se realizan modificaciones principalmente de forma y se precisa su alcance.

En cuanto a los artículos nuevos, sobresalen 13 que hacen parte de un capítulo también novedoso sobre seguridad sanitaria y emergencia sanitaria. En este caso, se nota la premura por incluir temas derivados de la pandemia, y se siguen presentando textos que hacen parte de la normativa vigente o que, como reconocieron los ponentes con respecto al proyecto original, no agregan valor a las condiciones actuales.

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El proyecto toca elementos sustanciales del sistema de salud, de manera especial lo relativo al financiamiento y al plan de depuración de las EPS. Aunque se precisan algunos cambios, predominan declaraciones generales, aparentemente neutrales frente a la estructura y el funcionamiento del sistema.

Entre los temas relevantes que toca el proyecto, y que recogen preocupaciones aún no resueltas, se encuentra el desarrollo de un modelo de atención que responda a las expectativas y necesidades de la población, mediante la atención primaria en salud y la adscripción a un médico de familia, con un enfoque regional y el desarrollo de redes integrales de servicios.

Preocupación

El director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), Juan Carlos Giraldo, dijo que este proyecto no es una reforma sino un ajuste a mecanismos ya existentes y manifiesta que del texto actual se destacan la creación del fondo de garantías, la definición de los conglomerados empresariales en salud y un régimen de insolvencia, así como las competencias de la Superintendencia de Industria para ayudar a la Supersalud.

Por otra parte, afirma que el proyecto no cambia el papel de las EPS, no crea nuevas fuentes de financiación ni modifica los presupuestos, por lo que desde el gremio hospitalario insisten en que el sistema de salud requiere una reforma y no solo ajustes.

A su turno, el presidente de Acemi, Gustavo Morales, califica el proyecto como inoportuno, porque distrae a los actores en un momento clave de pandemia; innecesario, porque algunos puntos positivos del articulado, como el modelo de atención, no requieren de una ley; e inconveniente, porque la extensión de competencias a la Supersalud sobre inversionistas que no son actores del sistema conglomerados desincentiva la llegada de capitales al sector.

Las deudas

Durante una reunión en las comisiones conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que las deudas del sector de la salud que han sido radicadas ascienden a los $11 billones.

Así mismo el funcionario informó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) logró auditar $8 billones.

“Se han legalizado giros previos, que son recursos que ya se habían pagado en dos años anteriores a diciembre del 2020, de esos $8 billones, $5 billones  fueron girados de forma previa; mientras que $1.8 billones fueron girados en el marco de la vigencia 2020 y $246.000 millones en el 2021”, indicó el funcionario.

Ruiz afirmó que la proyección del Ministerio de Salud es tener en materia de cartera acumulada para el 2021, $4.5 billones.

“Esperamos terminar con $4.5 billones radicados teniendo en cuenta que el objetivo del Gobierno a través del Ministerio de Hacienda es terminar de pagar ese capítulo en el acuerdo de punto final”, sostuvo.

“Es importante que se tenga en cuenta que quedarán pendientes unas cuentas de pagar, especialmente aquellas que están en los procesos contenciosos de los juzgados y tribunales de parte de algunas EPS e IPS que no han querido solventar a través de punto final”, indicó.