Si el país no tiene cuidado de hacer la transición energética con cuidado y mediante un proceso totalmente planeado, se podrían en riesgo de perder US$24 mil millones de exportaciones de crudo cada año.

Así lo señalaron expertos en un informe que conoció EL NUEVO SIGLO sobre las principales conclusiones de una reunión organizada por el centro de estudios de Anif y Fedesarrollo.

En el mismo se presentaron dos interrogantes fundamentales: ¿Cómo debe ser una transición energética confiable para Colombia?, ¿Cuáles son los mitos y realidades en este tema?

La discusión la abrió el exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, quien empezó analizando las tendencias mundiales. Explicó que en los próximos cinco años la demanda de crudo aumentará en 5.8 millones de barriles diarios, y que la curva tiende a aplanarse solo a partir de 2030, cuando vendría un auge del gas, el cual está llamado a convertirse en el puente de la transición energética.

Pero dijo que el gobierno colombiano va contracorriente: “En el Cop28, el presidente Petro fue más allá de decir que no firmará nuevos contratos de exploración y explotación de combustibles fósiles. Se adhirió al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles”.

Hoja de ruta

Frente a esto dijo que “todavía estamos esperando la hoja de ruta de la transición energética de Colombia que la exministra Vélez dijo que estaría lista para marzo pasado”.

Y explicó que Colombia estaría dejando de recibir divisas por US$24 mil millones anuales por concepto de exportaciones de crudo, y que importar 400 mil barriles al día, que es lo que necesita el país, costaría US$16 mil millones de anuales.

Por su parte el senador David Luna, insistió que sin reglas claras no vamos a tener transición energética y, por el contrario, tendríamos un colapso económico.

“Estamos viendo, además de pérdida de confianza, un desincentivo a la inversión debido a los mensajes contradictorios del gobierno”, dijo, y añadió que, si queremos hacer una apuesta en la transición energética, el gobierno tiene que decir cuáles son las alternativas, porque el sector minero-energético representa el 12% del PIB nacional y el 56% de las exportaciones. “Nos prometieron el cambio, pero el verdadero cambio es hacer. Nos estamos quedando en el discurso”, concluyó.

A su vez, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, mandó un mensaje claro: “Colombia tiene la capacidad instalada, desde el punto de vista de capital humano y capacidad de inversión, pero se debe complementar con una hoja de ruta clara, factible, razonable y pragmática que permita aterrizar esas potencialidades del país”. Añadió, por ejemplo, que el gobierno debe resolver los cuellos de botella que no permiten que se desarrollen los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables, y advirtió que para 2028 podría haber un déficit en el abastecimiento de energía.

Generación

El asesor técnico para la transición energética de la Unidad de Planeación Minero-Energética, Carlos Arturo Saldarriaga, dio un repaso por los últimos 100 años del sector eléctrico en Colombia y aseguró que están “trabajando en una herramienta que sea la hoja de ruta que marque hacia dónde vamos a ir, hacia qué vamos a construir en materia minero energética en el país". Y, entre otras cosas, añadió que "ya podemos generar un poco más de 1 gigavatio en energías limpias. Es una tecnología que ya está y tenemos un enorme potencial para el desarrollo que queremos".

Anwar Rodríguez, presidente (e) de Anif, se enfocó en los efectos en el bienestar de los hogares colombianos que traería una transición energética desordenada.

Dijo, por ejemplo, que “los efectos negativos de una transición energética acelerada sobre el aparato productivo pueden ser nefastos en el corto y mediano plazo”. Anif calculó los efectos de una reducción a la mitad de la producción de los sectores de petróleo y carbón, y muestra, por ejemplo, los efectos en el empleo: por cada 10 empleos perdidos en departamentos de sectores extractivos, se pierden 4 a nivel nacional. Además, expone cómo se daría el aumento en indicadores de pobreza por falta de financiamiento para el gasto social vía disminución de regalías, entre otros.