En el informe anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre los compromisos que se adquirieron en Punta del Este (2018), la entidad avaló las medidas que Colombia ha tomado para acelerar la transparencia fiscal.
Indica el organismo, que el país fue una de las primeras jurisdicciones en actuar bajo el estándar de intercambio automático de información (AEOI) realizando envíos de reportes (CRS) desde 2017. Explica que un proyecto piloto entre Colombia y España contribuyó a este logro, en el que esta última realizó transferencias de conocimientos entre pares a Colombia empleando un enfoque de implementación paso a paso, con el objetivo de que Colombia desarrolle y se beneficie del intercambio de manera oportuna.
Durante el año 2020, Colombia fue evaluada en el marco de la revisión de pares de sus marcos legales domésticos e internacionales establecidos para implementar el estándar AEOI. Para ello, el Foro Global proporcionó asistencia técnica al país para abordar las brechas en su legislación doméstica en relación con los procedimientos de diligencia debida y la Secretaría estuvo siempre disponible.
En su reseña de colaboración, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dijo que “la Secretaría respondió a nuestras consultas y sus recomendaciones nos permitieron tener un camino más claro. Realmente valoramos nuestra asociación con el Foro Global y esperamos seguir avanzando juntos en la agenda de transparencia”.
Asistencia
Esta asistencia técnica y las acciones emprendidas por Colombia, allanaron el camino para que el país recibiera una determinación de “en su lugar” en su revisión por pares de AEOI. En concreto, Colombia introdujo modificaciones legislativas y regulatorias clave en relación con los requisitos de mantenimiento de registros de las instituciones financieras, la definición de “personas que controlan” y las sanciones civiles y/o penales que se aplicarán en caso de incumplimiento de las obligaciones del CRS.
Respecto a su informe de Latinoamérica, la OCDE señala que “la última década ha demostrado que la transparencia fiscal es un arma potente para abordar estos problemas. Los Flujos Financieros Ilícitos (FFIs) sustraen grandes cantidades de recursos financieros de la región, con un impacto severo y negativo en el cumplimiento de la agenda de desarrollo latinoamericana, especialmente en el contexto de la pandemia de la covid-19".
El informe analiza la magnitud de la evasión fiscal en el extranjero en relación con la recaudación de impuestos y explora el papel de la transparencia fiscal y la cooperación fiscal internacional para ayudar a los gobiernos a luchar contra la evasión fiscal y otros flujos financieros ilícitos para generar ingresos muy necesarios en tiempos de pandemia.
"Los países latinoamericanos están luchando contra la evasión fiscal y otros flujos financieros ilícitos aprovechando las mejoras en la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales", observó María José Garde, presidenta del Foro Global. "En un contexto desafiante, la Declaración de Punta del Este les apoya en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de movilización de recursos internos con resultados tangibles."
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Compromiso
El origen de este seguimiento y compromiso con la transparencia fiscal en América Latina 2021 es un resultado clave de la Declaración de Punta del Este, una iniciativa Latinoamericana para hacer frente a la evasión y la elusión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros a través de la transparencia y el intercambio de información (EOI) con fines fiscales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que la región latinoamericana pierde cantidades significativas de ingresos fiscales debido a la evasión fiscal y a la planificación fiscal agresiva. Los ingresos dejados de percibir debido al incumplimiento fiscal se estimaron en un 6,1% del Producto Interno Bruto regional en 2018.
El informe detalla los principales pasos seguidos hacia la construcción de una agenda de transparencia fiscal en América Latina desde la firma de la Declaración. En noviembre de 2019, durante la reunión del 10mo aniversario del Foro Global, un desayuno a nivel ministerial latinoamericano marcó el primer aniversario del acuerdo.
Sus participantes destacaron la necesidad de intensificar el uso de los instrumentos de intercambio existentes y la importancia de la formación continua de los funcionarios fiscales para mejorar el conocimiento práctico en EOI.
En noviembre de 2020, los miembros aprobaron por unanimidad un ambicioso plan de trabajo y un marco de gobernanza para el periodo 2021-2023, con el fin de apoyar la aplicación de los objetivos de la Declaración a través de dos pilares: acciones de base y acciones complementarias. Las acciones de base se centran en el aumento de las redes de EOI, la creación de capacidades en EOI y el fortalecimiento de las administraciones tributarias. Las acciones complementarias tienen como objetivo aprovechar los beneficios del EOI y traducir la transparencia fiscal en ganancias de ingresos.
Plan de trabajo
Bajo la nueva estructura de gobernanza, los miembros latinoamericanos acordaron desempeñar un papel más activo con una mayor apropiación en la gestión de las actividades de la Declaración. Con un plan de trabajo para el período 2021-2023, se definió una gobernanza y un conjunto claro de objetivos para sus actividades de desarrollo de capacidades.
Asimismo, el reporte subraya el trabajo de creación de capacidades realizado hasta ahora para fortalecerlas. Estas actividades giran en torno a dos objetivos principales: asistir a los países en la preparación de su proceso de revisión y ayudarles a establecer y/o mejorar la infraestructura necesaria para beneficiarse de un EOI eficaz.
Desde 2016, el programa de creación de capacidades se ha traducido en logros concretos. Nueve jurisdicciones latinoamericanas adicionales firmaron y ratificaron la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Seis de las ocho jurisdicciones latinoamericanas evaluadas en relación con el estándar mejorado sobre el intercambio de información previa petición hasta 2020 fueron calificadas como Ampliamente Conformes.
Asimismo, nueve jurisdicciones latinoamericanas ya participan en el intercambio automático de información de cuentas financieras. Desde 2014, se han identificado al menos EUR 12.000 millones en ingresos adicionales (impuestos, intereses, sanciones) en América Latina a través de programas de divulgación voluntaria e investigaciones fiscales en el extranjero gracias a la información recibida en el marco de los estándares de EOI.
Los resultados muestran que, aunque la mayoría de los países latinoamericanos empezaron a implementar los estándares de EOI hace relativamente poco tiempo, el compromiso en la región es fuerte y las jurisdicciones consideran que la transparencia fiscal y la cooperación fiscal internacional son herramientas clave para hacer frente a la evasión fiscal y movilizar ingresos domésticos.
Sin duda los países latinoamericanos están construyendo sólidas infraestructuras y redes de EOI, allanando el camino para los intercambios efectivos. Sin embargo, existen áreas de mejora, ya que la mayoría de los países de la región no están haciendo pleno uso del EOI.
Los últimos avances también se han logrado gracias a la fuerte colaboración de los socios regionales: BID, CIAT y el WBG. Este apoyo generó sinergias efectivas que están facilitando la implementación de los compromisos de transparencia fiscal en la región. Contribuyó a responder a la creciente demanda de creación de capacidades y asistencia en la región, a pesar de los problemas derivados de la pandemia de la covid-19.
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La riqueza afuera
Se cree que una parte considerable de la riqueza de América Latina se mantiene en el extranjero. La estimación del 27% (EUR 900.000 millones), es considerablemente superior a la media de Asia (4%), Europa (11%) o Estados Unidos (4%), y supone una pérdida de ingresos anual de EUR 19.000 millones para la región.
Esta situación socava la Flujos Financieros Ilícitos (MRD) y obstaculiza el desarrollo, lo que es aún más acuciante en el contexto de la pandemia de la covid-19. El impacto de la evasión fiscal en la MRD queda bien ilustrado al observar los ingresos recaudados en la región de América Latina. En los países latinoamericanos, los ingresos tributarios representan aproximadamente el 20,6% del PIB en promedio, cuando la relación media entre impuestos y PIB en los países de la OCDE es 13,2 puntos porcentuales superior, con un 33,8% del PIB