La exigencia a los constructores de un nuevo seguro por parte del Ministerio de Vivienda, encarecerá el valor de las viviendas. En efecto, el objetivo del Gobierno es que a partir de 2021 todas las empresas que desarrollen proyectos de construcción deberán tener un seguro que cubra el valor de las viviendas en caso de que estas colapsen, se deterioren o la edificación presente deficiencias, como sucede hoy con varios inmuebles en el país.

Más costos

De acuerdo con la presidenta de Camacol, Sandra Forero Ramírez, estas nuevas medidas tendrán impacto en los costos de producción y comercialización de vivienda nueva en el país. Al respecto la dirigente agregó que “lo más importante es que se reconozca el efecto sobre los costos para la construcción formal de vivienda, y así la tarea de todos los actores y del Gobierno nacional será minimizar ese impacto a través de definir condiciones óptimas para que se garantice el acceso, disponibilidad y asequibilidad de estos instrumentos para los proyectos de construcción y los hogares compradores”.

En efecto, mediante el Decreto 282, se reglamentó el último artículo que faltaba de la Ley de Vivienda Segura, y contempla que las compañías vendedoras de casas y apartamentos tendrán que contar con una garantía bancaria, una póliza de seguro o un dinero guardado en una fiducia.

Estas disposiciones entran a complementar el amplio e integral régimen regulatorio, legal y de responsabilidades definido para la construcción y comercialización de vivienda nueva en Colombia, como el Código de Construcciones Sismo Resistentes – NSR 2010 y la Ley 400 de 1997, el Código Civil, el Estatuto del Consumidor y las demás medidas técnicas preventivas de supervisión y revisión derivadas de la Ley de Vivienda Segura - Ley 1796 de 2016.

Para la Presidenta de Camacol “estas nuevas medidas se suman al extenso y completo marco regulatorio que tiene el sector y que garantizan la calidad de las edificaciones. En ese sentido deben convertirse en una nueva fuente adicional de confianza para los compradores de vivienda nueva. Desde el sector, esto reafirma el compromiso de los constructores formales por respaldar las inversiones de los hogares del país”.

Luego de expedido este Decreto, (282 de 2019) que contiene la definición y alcance de los instrumentos financieros de resarcimiento, será la Superintendencia Financiera de Colombia la institución encargada de la reglamentación secundaria para establecer las disposiciones puntuales y sentar las condiciones de operación de dichos instrumentos en el mercado.

Ofertas

Camacol ha insistido en que si bien estos instrumentos financieros serán importantes para el propósito del país y del sector de ampliar la protección a los hogares compradores de vivienda, se debe ser muy cauteloso y preciso en su puesta en marcha, en tanto se pueden afectar la oferta de proyectos o limitar la accesibilidad a la vivienda.

“Esperamos que, tanto la Superintendencia Financiera como los actores que ofrecerán estos nuevos instrumentos financieros, comprendan los detalles del tejido empresarial del sector, la importancia del acceso a la vivienda y la necesidad de ampliar la oferta de proyectos en todo el país, y sobre esa base, se ofrezcan los instrumentos financieros de manera objetiva, con suficiencia en el mercado, y bajo el cumplimiento de las normas técnicas de construcción sismo resistente colombianas” dijo Forero Ramírez.

En el propósito de seguir avanzado en la reglamentación de la Ley de Vivienda Segura, Camacol hizo el llamado sobre la importancia de establecer la regulación para la acreditación de la experiencia, conocimiento e idoneidad de los profesionales relacionados con la construcción de vivienda, estrategia que debe ser considerada como una herramienta transversal para robustecer el ejercicio profesional y seguir asegurando la calidad de los proyectos.