* No todo es paramilitarismo
* La Defensa de Minagricultura
Ya son varios los documentos de las Naciones Unidas en que se cuestionan las tierras en Colombia. Y está dejando un mal sabor que en todas las agencias internacionales haga carrera la idea de que esto es así sobre el sinnúmero de agricultores y ganaderos que hay en el país.
El último informe de la FAO afirma que la carrera para invertir en biocombustibles como forma de mitigar el cambio climático es uno de los mecanismos que afectan la tierra en muchos países, particularmente en Colombia. Y sostiene que la rápida expansión de los cultivos de palma de aceite “ha sido relacionada con grupos paramilitares contratados por particulares para expulsar a grupos de campesinos pobres de sus tierras”. Agrega el estudio, citando otras fuentes, que puede establecerse que unas 25 mil hectáreas han sido adquiridas ilegítimamente por particulares para el cultivo de palma de aceite. Esto es básicamente a lo que se refiere el informe de la FAO con respecto al acceso a la tierra por vía de la corrupción.
Por lo menos, en este caso, se dan elementos puntuales sobre sectores específicos. De esta manera se salva la idea generalizada de macartizar a la ganadería y la agricultura. Por el contrario, es el sector agrícola y ganadero uno de los que más ha sufrido el impacto de la violencia en el país. Hoy, cuando el mundo comienza a exigir mayores territorios para los alimentos, y la agricultura vuelve a estar de moda después de muchos años de permanecer sumida en el completo olvido, es fundamental que el Gobierno haga una defensa perentoria de la misma.
No quiere decir, ciertamente, que el paramilitarismo no haya verificado una estrategia de expansión y consolidación a través de la adquisición de tierras. Es uno de los dramas más graves de Colombia. Pero tampoco es dable pensar que todo aquel que ha ingresado en el negocio de la palma, con todas sus dificultades, está inmerso en ese flagelo ilegal. Es necesario ajustar las cargas y diferenciar cabalmente entre los legítimos e ilegítimos.
De alguna manera, el Gobierno tiene que hacer un inventario de las tierras respectivas y sin cerrar el tema. Lo que no puede ser es que Colombia siempre aparezca en cuanto listado internacional existe en los peores lugares. El ministro Juan Camilo Restrepo ha hecho bien en enviar una carta al respecto al director de la FAO en Roma, Graciano Da Silva, en la que pide mayor rigor científico. Aún así no es suficiente, pues seguramente la dejarán de saludo a la bandera.
La FAO, en un país donde estadísticas divergentes pululan, como Colombia, debería aproximarse a la Nación, para que en colaboración con el Gobierno se puedan adelantar las investigaciones correspondientes y hacer los inventarios. Desde luego, ello es central a las autoridades locales competentes, pero sería de sumo interés que este organismo internacional ayudara en la materia.
Informes como este pueden cerrarle los mercados internacionales a Colombia en cuanto a la palma de aceite. Sin duda alguna, nuestro país tiene múltiples problemas en el tema de las tierras, comenzando, como dice el Ministerio de Agricultura, porque el 48 por ciento de los predios rurales no tiene títulos ciertos. Y la ONU ya dijo en su propio informe que las desigualdades entre las ciudades y el campo son verdaderamente pasmosas. En todo caso, lo que tiene que entender el mundo es que Colombia está en la dirección correcta al modificar los escenarios con la Ley de Tierras, además del anunciado Estatuto de Desarrollo Rural, y que lo que necesita es colaboración para llevarlo a cabo.