Retos ante una delincuencia camaleónica
Cambios tácticos y estratégicos castrenses
EL anuncio gubernamental de revisar el esquema operacional de la Fuerza Pública para hacerlo más efectivo ante los cambios estratégicos y tácticos en el modus operandi de los actores generadores de violencia en Colombia, no sólo es consecuencia de las alertas prendidas por los crecientes picos de deterioro de la seguridad rural y urbana, sino un paso coherente y sistemático del Estado ante una delincuencia que, organizada o común, muta constantemente a medida que se ve cercada por el accionar de las autoridades.
En no pocas ocasiones habíamos urgido desde estas páginas que más allá de la peligrosa y oportunista politización de los diagnósticos sobre seguridad, lo que se requería era un análisis profundo y serio a la política de control de orden público rural y urbano, así como la formulación de planes de combate más específicos y especializados, según la amenaza que se quiera enfrentar. Es claro, por ejemplo, que las Farc, arrinconadas y débiles por los sucesivos golpes a sus cabecillas y pie de fuerza, cambiaron de dos años para acá su estilo operacional, pasando a una táctica de típica guerrilla, eludiendo al máximo el enfrentamiento directo con las tropas oficiales y enfocándose en golpear objetivos militares y civiles con ataques rápidos, bajo número de combatientes y acudiendo, por lo general, al terrorismo y otras violaciones del Derecho Internacional Humanitario, como camuflarse dentro de los civiles o utilizarlos de ‘escudos humanos’, como ocurrió en Cauca. Esa mutación en el modus operandi también se registra en el caso de las “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico” (Bacrim), que son producto en gran parte del reciclaje paramilitar. También en cuanto a los carteles de la droga, ahora más atomizados y con alta capacidad para reemplazar capos a medida que éstos son capturados o abatidos por las autoridades. Hasta las pandillas urbanas y otras facciones delincuenciales de distinta ralea han modificado su accionar.
Ante ello, bien hace el Gobierno al pedir una profundización de la revisión de la estrategia militar operacional, puesta ya en marcha por el Comando General de las Fuerzas Militares. Las instrucciones iniciales van dirigidas a redefinir el esquema de control territorial por parte de la Fuerza Pública. También se estudiará la utilización del sistema de los grupos Gaula contra las Bacrim, milicias guerrilleras y la delincuencia común. Igualmente se ajustarán procedimientos tácticos en zonas de combate para operar en unidades más pequeñas, logrando una mayor efectividad operacional. Esto implica, por ejemplo, ajustes en la doctrina, entrenamiento, dotación de equipos y liderazgo de suboficiales y oficiales en el terreno. Todo ello, claro, sin descuidar las operaciones de gran calado que han golpeado fuertemente a los cabecillas subversivos, capos y bandas criminales en sus guaridas y retaguardias estratégicas.
Toda esta directriz de revisión de la estrategia operacional quedaría coja si no se revisa lo atinente al bienestar de las tropas, no sólo el laboral sino el jurídico. Aunque oficialmente se reitere que no hay tal, lo cierto es que el alud de denuncias contra los uniformados que a diario arriesgan sus vidas por la Patria, terminó por afectar la efectividad operacional. Es urgente corregir esa falencia. Obviamente no se trata de dar patente de corso a la Fuerza Pública para actuar sin dios ni ley. Todo lo contrario, la vigilancia y respeto de los derechos humanos tiene que aumentar día tras día. Lo que se busca es que las facciones criminales y quienes les sirven de mampara no neutralicen subrepticiamente a las unidades castrenses y policiales con quejas temerarias y sin prueba alguna. Urge redefinir el fuero militar.
La hoja de ruta, pues, ya fue fijada. Lo que viene ahora es implementar rápidamente los cambios en la estrategia militar operacional y evaluar sobre el terreno su efectividad.