* Destrabar líneas Chivor Norte y Sogamoso
* Crecen riesgos en suministro a corto plazo

Una respuesta urgente y concreta del Gobierno nacional central requiere la capital del país luego de las preocupantes alertas que dieron esta semana, en el marco de un debate en la Comisión V de la Cámara de Representantes, tanto el alcalde mayor como el gerente del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), al igual que varios concejales y parlamentarios.

Coincidieron en que la capital corre el riesgo de sufrir una crisis de suministro energético en un futuro cercano por cuenta de las demoras en la construcción y activación de los proyectos de transmisión de energía Chivor Norte, Sogamoso y Nueva Esperanza, cuya entrada en operación es urgente para suplir una demanda creciente.

De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán la ciudad cuenta con una sola línea de transmisión energética de alta capacidad. El mayor problema radica en que tanto la urbe como la región circundante tienen hoy por hoy una demanda que está apenas a 400 megavatios de alcanzar el tope máximo.

A ello debe sumarse que es imperativo ampliar el volumen de suministro energético debido a la construcción y entrada en operación de la primera línea del Metro en menos de cuatro años, la ampliación de la flota de buses eléctricos de Transmilenio, los cables aéreos en proceso de activación, las dos líneas del Regiotram, el crecimiento del parque de vehículos híbridos y eléctricos, al igual que los planes de edificación de viviendas y otras obras de infraestructura así como otros proyectos tipo call center, desarrollos industriales y centros logísticos.

Uno de los cuellos de botella principales radica en las demoras para sacar avante los trámites de sustracción de reserva forestal, de forma tal que ese licenciamiento permita la construcción de 313 torres de energía desde los complejos hidroeléctricos Chivor y Sogamoso (Boyacá) que se utilizarían para traer la energía a la capital del país y los municipios aledaños. El visto bueno lo deberían dar tanto el Ministerio de Ambiente como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Es claro que mientras que no se avance en esa dirección la capital, que junto a la región produce el 25% del Producto Interno Bruto nacional, alberga una quinta parte de la población colombiana y es el principal nodo de negocios, inversión y empleo del país, no solo se expone al riesgo de una crisis energética a corto plazo, sino que sus planes de desarrollo a mediano y largos quedan en vilo.

La mayoría de las opiniones en el citado debate urgieron al Gobierno nacional agilizar estos proyectos estratégicos, más aún porque se trata de matrices energéticas sostenibles y limpias, pues se basan en la capacidad de generación hidroeléctrica. De igual manera, tanto la entrada en funcionamiento de la primera y segunda líneas del Metro como la activación de la flota de buses eléctricos del sistema de transporte masivo (que sería una de las más grandes en todo el mundo) serán pasos sustanciales para la disminución de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la ciudad.

Como se ve, la situación es complicada, a tal punto que el propio presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, expresó su preocupación por el suministro de energía a partir del 2026 si no se cuenta con esas nuevas líneas de transmisión.

Visto todo lo anterior, es necesario que, como se sugirió en el debate, se instale con carácter de urgencia y tiempos límites una mesa de trabajo entre alcaldía, GEB, ministerios de Ambiente y de Minas y Energía, así como delegados de la ANLA y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Obviamente, también debe citarse a las comunidades cuyos entornos se verían impactados por la construcción de torres y demás infraestructura. No se trata, en modo alguno, de imponer criterios de un lado u otro, sino de encontrar una salida funcional y equilibrada dentro de los criterios de desarrollo sostenible y transición energética.

Algunos de los parlamentarios citantes fueron enfáticos en advertir que, si bien estos procesos de licenciamientos llevan varios años sin resolverse, el actual Ejecutivo debe entender que la situación está pasando a niveles críticos y podría, incluso, llevar a una crisis de suministro antes del 2026.

También debe tenerse en cuenta que la disminución en la capacidad del suministro podría impactar el flanco tarifario, al tener que acudir a comprar energía más cara. El gas, como se sabe, no es una opción viable a corto plazo por cuenta de la escasez de este combustible, al punto que será necesario recurrir desde ya a importaciones. No menos importante es que la CAR Cundinamarca y la Secretaría de Ambiente Distrital agilicen los procesos para viabilizar la construcción de subestaciones y líneas de transmisión eléctrica de alta tensión…

La alerta, como se ve, está dada de nuevo. Urge, entonces, actuar.