* Ajuste judicial ahonda polarización
* ¿Hundirla, corregirla o ‘adelgazarla’?
En todo un vía crucis terminó convertido el tránsito del proyecto de reforma judicial en el Congreso. Aunque desde el mismo momento en que el Gobierno radicó la iniciativa, en agosto pasado, sin alcanzar un consenso con las altas cortes judiciales, se sabía que no sería fácil su trámite parlamentario, nadie previó el accidentado camino de estos primeros cuatro debates.
Si bien la Casa de Nariño ha tratado de direccionar sus mayorías en Senado y Cámara para que el proyecto más importante de la legislatura avance sin traumatismos ni mayores polémicas, lo cierto es que el articulado sufrió grandes cambios a medida que superó las discusiones y aprobaciones en comisiones y plenarias. Es más, como lo indicara el análisis dominical de este diario, entre la ponencia para cuarto debate en la plenaria de la Cámara esta semana y la iniciativa gubernamental original hay muchas diferencias e incluso contradicciones.
El panorama difícilmente podía ser más complicado. El Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se retiraron de las discusiones en el Congreso, en medio de un alud de críticas. Los peros van desde una afectación de la autonomía judicial, el rompimiento del equilibrio entre las ramas del poder público y graves peligros institucionales por la asignación a particulares de funciones de administración de justicia, hasta las advertencias de que el proyecto no soluciona de raíz los problemas más graves, como la morosidad judicial y la impunidad. Otros sectores políticos y de la academia hablan de un ánimo revanchista parlamentario contra las altas cortes y no pocos analistas consideran que quitarles a los máximos tribunales las facultades electorales o nominadoras para Fiscal, Procurador, Contralor o Registrador, y dejarlas en cabeza principalmente del Congreso, sólo daría pie a una politización de los entes de control. Tampoco faltan los que consideran que los bandazos dados en el trámite del proyecto frente a asuntos como el juzgamiento de los funcionarios aforados (magistrados, congresistas o el mismo Presidente de la República), evidencian la grave improvisación que prima en el trámite de una reforma de tantas implicaciones institucionales. Aunque el Gobierno admite que hay algunas falencias en lo hasta ahora aprobado, defiende la pertinencia del resto de la iniciativa y considera que hay tiempo suficiente para corregir, en la segunda vuelta, los puntos débiles.
¿Qué hacer? Hay tres escenarios posibles. El primero se refiere a una idea que ha venido tomando fuerza en las últimas semanas, incluso dentro del mismo Congreso, y es analizar la posibilidad de hundir la iniciativa, bajo la tesis de que ha sido tal su grado de desfiguración e incoherencia institucional, que seguir adelante en su trámite sería suicida para principios básicos constitucionales como el equilibrio y autonomía de poderes.
Una segunda opción se dirige a la tesis de que el grueso de la reforma es positivo y que la sana lógica recomienda salvar el proyecto en esta primera vuelta para que, luego, bajo el liderazgo del Gobierno, el compromiso de los partidos de la coalición de Unidad Nacional y la convocatoria a la cúpula judicial, se trabaje en el período de receso legislativo, de forma tal que cuando se abra el quinto debate haya un acuerdo para subsanar los puntos más polémicos de la iniciativa.
Y un tercer escenario se basa en ‘adelgazar’ desde ya el articulado, quitando del mismo las propuestas que generan mayor discusión, de forma tal que siga adelante todo aquello sobre lo que hay consenso, y se cite de nuevo una mesa de concertación con las altas cortes para discutir otra vez los asuntos que marcan diferencias, con el objetivo y compromiso de presentar un proyecto aparte el próximo año sobre esos asuntos puntuales.
Corresponderá a la Casa de Nariño y el Congreso analizar estas alternativas o definir si vale la pena sacar avante una reforma judicial que, sin desconocer muchos aspectos positivos, arrastra la polarización y la desconfianza de muchos sectores nacionales.