Las denuncias sobre presuntos casos de acoso laboral e incluso sexual en las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal son cada día más recurrentes. Para algunos expertos, el incremento se debe a que los funcionarios están haciendo un uso efectivo de la normatividad y los protocolos creados en cada institución oficial para canalizar este tipo de anomalías. Ese orden de ideas, resulta, entonces, un hecho positivo que la capacidad de denuncia de las víctimas y de resolución por parte de las autoridades esté creciendo de forma sustancial.

Sin embargo, también debe analizarse que, lamentablemente, estas conductas ilícitas no se han podido erradicar de los despachos oficiales pese, incluso, a que la pedagogía alrededor de la gravedad de los actos de acoso, su tipología y sanciones ha sido muy amplia y la totalidad de los funcionarios están enterados de los pormenores respectivos.

Cuando se revisa el contenido de muchas de las denuncias se evidencia que hay situaciones repetitivas, sobre todo en el accionar de los victimarios que, estando conscientes de la ilegalidad de su proceder, aprovechan sus cargos y jerarquías para vulnerar los derechos de los empleados subordinados o sobre los cuales ejercen algún tipo de mando o autoridad en el ámbito laboral.

Vista esta realidad, se hace urgente que, desde los ministerios y más altas dependencias, hasta las oficinas públicas de menor nivel, se refuercen las campañas de concientización a todo el personal sobre la gravedad de este tipo de conductas y las sanciones penales, disciplinarias y pecuniarias a que se exponen por infringir la normatividad al respecto.

También sería conveniente que desde el Congreso se analice, con base en un estudio objetivo del volumen de denuncias, si es necesario aplicar ajustes legales para combatir de manera más efectiva estas conductas irregulares. Para algunos expertos, hay zonas grises y vacíos en la legislación que es necesario corregir.

De igual manera, urge una revisión más eficaz a los protocolos y rutas con que cada institución debe tramitar esta clase de denuncias, tanto en lo relativo a las medidas de orden interno que deben tomar, como frente al traslado de los casos a la Fiscalía y Procuraduría.

Tampoco está demás que la Agencia de Defensa Judicial del Estado investigue cuáles son los riesgos para el presupuesto público por las demandas que las víctimas de acoso laboral y sexual interponen contra la Nación, ya sea por circunstancias de acción y omisión ante este tipo de situaciones.