Alarmante, por decir lo menos, el informe de la Defensoría del Pueblo que advierte que 22 de los 32 departamentos del país presentan una delicada situación relacionada con la disposición final de residuos sólidos, es decir de sus basuras, lo que expone a la población a un riesgo sanitario y ambiental muy grave a corto y mediano plazos.

No se sabe cuál de las conclusiones del “Documento de advertencia sobre rellenos sanitarios y sitios no autorizados 2024” es más grave. Podría decirse, por ejemplo, que es el campanazo en torno a que, de los 262 sitios de disposición final de basuras en Colombia, 24 ya tienen vida útil vencida, a 46 les quedan menos de tres años y otros 22 pueden seguir funcionando solo entre tres a cinco años.

No menos grave es el análisis que se hizo sobre las cifras de las toneladas anuales de residuos dispuestas en los sitios de disposición final. De acuerdo al estudio de la Defensoría, el 4,23% del total de basuras es depositado en sitios con vida útil vencida y un 33,5%, en sitios que en menos de tres años deberían dejar de operar. En otras palabras, más de un tercio de este material es llevado a rellenos sanitarios que en poco tiempo deberán salir de servicio.

Otro dato que impacta: en Colombia hay 79 botaderos a cielo abierto, que claramente constituyen una modalidad insegura y antitécnica para gestionar los residuos sólidos. En estos sitios, en su mayoría, no existen medidas adecuadas de control y manejo ambiental, lo que puede repercutir en altos niveles de contaminación del suelo, agua y aire, lo que, a su vez, implica un riesgo alto para la salud de la población circundante.

Como si ya todo lo anterior no fuera suficientemente grave, citando el último informe sectorial de la Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios, la Defensoría alerta que de los 232 operadores que registran, el 78% de los municipios tiene una tasa de aprovechamiento de residuos entre el 0 y el 10%.

Es imperativo que el alto gobierno, así como las administraciones departamentales y municipales, al igual que las superintendencias y otra serie de entidades del orden nacional, regional y local analicen a fondo esta peligrosa situación. Se requiere una estrategia integral y de largo aliento para contener este riesgo ambiental y sanitario de alto calado. Es evidente que no es un tema de fácil resolución, pero tampoco puede quedar el país inmóvil ante una evidente ‘bomba de tiempo’ cuya cuenta regresiva se agota rápidamente.