*Difícil trámite de proyecto de referendo
*Niños, política criminal y justicia ejemplar

MUY  accidentada ha sido la recta final del trámite del proyecto de ley que pide convocar un referendo para que los colombianos decidan si es viable imponer hasta la pena de cadena perpetua a los responsables de delitos graves contra menores de edad. La iniciativa se encuentra para votación en la Comisión I de la Cámara de Representantes y si allí llega a recibir visto bueno, pasaría a la plenaria de la corporación para ser discutida en último debate.

En un principio el apoyo público y mediático a la iniciativa era sustancial, pero en el análisis parlamentario los peros de fondo y forma son muchos. Aunque sus impulsores niegan presuntos vicios que puedan llevar a una eventual declaratoria de inexequibilidad en la Corte Constitucional, no son pocas las voces en el Congreso que advierten contradicciones graves con el espíritu de la Carta, la jurisprudencia derivada y los tratados internacionales de derechos humanos, así como errores fatales de trámite por modificación del texto firmado originalmente por más de dos millones de ciudadanos, yerros en la redacción de la respectiva pregunta, una supuesta ambigüedad en los delitos y conductas que tipificaría y hasta un desgaste innecesario de tiempo y recursos toda vez que en Colombia ya se pueden imponer penas de 60 años de prisión, lo que en la práctica implicaría al culpable pasar toda su vida tras las rejas, más aún porque la misma ley ha restringido la posibilidad de otorgar rebajas y otras flexibilidades penitenciarias a responsables de delitos atroces, sobre todo si se trata de menores de edad.

Tras un difícil paso por el Senado, el proyecto está en la Comisión I de la Cámara y hoy podría ser votado. Hay tres ponencias, dos  negativas y una positiva, que se supone es la mayoritaria, no obstante el panorama es muy complicado toda vez que las distintas bancadas se encuentran  divididas, en tanto que varios parlamentarios proponen más ajustes y cambios al texto de la pregunta, lo que aumenta el riesgo de una inexequibilidad en la revisión constitucional. A ello se suma el impacto de las posturas de la Fiscal  y el Procurador generales, quienes con argumentos pidiendo preservar la coherencia del sistema penal y de la política criminal del Estado, se manifestaron en contra de imponer la cadena perpetua.  

Se trata de un asunto muy complejo. Nadie niega que ante el aumento de asesinatos, abusos sexuales y otra clase de actos ominosos contra niños y niñas es necesario hacer más drástico el castigo contra homicidas, violadores y maltratadores. Los casos en que éstos han quedado en libertad tras pocos años de prisión y el alto nivel de reincidencia criminal que presentan, sustentan la tesis de recluirlos de por vida en las cárceles.

Sin embargo, no son pocos los juristas que advierten que la legislación vigente es ya de por sí dura contra estos delincuentes y que el problema no es de penas sino de agilidad y eficacia de la justicia para capturar, juzgar y condenar a los culpables. También hay quienes sostienen que el agravamiento de las penas se puede tramitar por la vía legal, y no es necesario acudir a una reforma a la Constitución y menos aún citar a la ciudadanía para que se pronuncie en las urnas sobre el tema, toda vez que la reglamentación puntual y detallada luego quedaría, de nuevo, en manos del Parlamento.

Más allá de la decisión que hoy pueda tomar la Comisión I de la Cámara, si es que no se aplaza la votación, lo cierto es que un eventual avance de la iniciativa a un último debate no cierra la controversia de fondo. Y eso ya de por sí es grave tratándose de un tema en el que viene primando más la emotividad que el análisis objetivo, pues la polémica se trasladaría a la plenaria, y de allí a la Corte y luego, si pasa el tamiz constitucional, a las propias urnas.