Vuelve y juega la polémica
Los pro y contra de la iniciativa
El escabroso caso de varios menores de edad que fueron víctimas de abuso sexual y otras agresiones en la capital del país, episodio en el que, además, habría de por medio ritos religiosos extremos, puso sobre el tapete una discusión que resurge cada vez que el país está frente a esta clase de tragedias: la cadena perpetua para violadores de niñas y niños. La fallecida senadora Gilma Jiménez impulsó infructuosamente la posibilidad de citar un referendo para que fuera la ciudadanía la que definiera este delicado asunto. Ese proceso fracasó en el Congreso pero en el trámite del respectivo proyecto estuvieron a la orden del día los argumentos a favor y en contra que hoy, dado que poco ha cambiado desde entonces, vuelven a enarbolarse.
Los críticos de la posibilidad de que los violadores de niños y culpables de delitos atroces contra los menores de edad sean condenados a pasar el resto de sus vidas tras las rejas, reiteran que ya en Colombia los códigos Penal y de Procedimiento Penal contemplan condenas de hasta un máximo de 60 años de cárcel para los delitos más graves. Si a ello se le suma que la misma ley restringe la posibilidad de que a los agresores sexuales de niños y niñas se les puedan conceder beneficios de rebajas de penas y otras flexibilidades penitenciarias, entonces las normas jurídicas para castigar a los culpables ya son de por sí muy drásticas. También sostienen que apostar por la cadena perpetua debería llevar a replantear no solo un artículo, sino todo el andamiaje penal, dado que el principio de proporcionalidad entre la pena y la gravedad de la conducta violatoria de la ley, se rompería si se empiezan a introducir reformas parciales y aisladas. Y tampoco faltan quienes consideran que los códigos no pueden estarse cambiando al calor de las coyunturas y la indignación de la opinión pública y sectores políticos, sociales, institucionales, gremiales y sociales por casos delictivos de gran impacto. Traen a colación que la solución no está tanto en agravar los castigos, sino en hacer cumplir a rajatabla las penas que ya están vigentes. No hay que olvidar que muchos procesos judiciales a violadores terminan en la impunidad por fallas en la imputación, errores en la aplicación del debido proceso e incluso yerros de criterio de los jueces de garantías, conocimiento y de ejecución de penas.
En la otra orilla se ubican quienes sostienen que el agravamiento de las penas y la prohibición de rebajas de condena por trabajo, estudio y buena conducta, no han llevado a una disminución sensible de los casos de agresión sexual. En otras palabras, que la creciente drasticidad del castigo no tiene el efecto disuasivo que se buscaba. La misma directora del Instituto de Bienestar Social, en una columna de opinión publicada este fin de semana, advierte que “la violencia sexual es uno de los más graves problemas de salud pública en Colombia y otras latitudes. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el año 2013 se registraron 20.739 exámenes médico-legales por presunto delito sexual en Colombia. Del total de exámenes practicados el 84.44 por ciento correspondió al sexo femenino; el 86.34 por ciento correspondió a niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 17 años (17.906 casos)”.
A ello deben sumarse las argumentaciones de quienes sostienen que los violadores son agresores patológicos y que prueba de ello es que en no pocos casos los responsables de estos delitos ya tenían antecedentes por las mismas conductas. Es decir, que el hecho de pagar una condena no anula el riesgo de reincidencia y, por lo mismo, los violadores son un peligro constante para la sociedad y no pueden quedar libres, más aun cuando los derechos de las potenciales víctimas, es decir, los niños, son prevalentes constitucional y legalmente en Colombia.
El Congreso tendrá la palabra definitiva en este debate, cuando llegue a su consideración el respectivo proyecto de convocatoria del referendo sobre cadena perpetua. Hasta el momento el Gobierno y el partido de La U han manifestado su apoyo a la iniciativa. Falta ver qué postura asumirá el resto de las colectividades. Lo importante es que la discusión se dé con profundidad y objetividad jurídicas, pero sobre todo con cabeza fría.