Una economía que registra bajos niveles de dinamismo, al punto que los pronósticos para este año apuntan a que no crecería más allá de un 2% del producto interno bruto, difícilmente puede atraer inversión y menos aún aquella que busca mover proyectos y negocios, y que no solo rastrea la posibilidad de altas tasas de interés, lo que comúnmente se ha llamado “capitales golondrina”.

En ese orden de ideas, poco sorprende el informe del Banco de la República según el cual en el primer semestre de este año la inversión extranjera directa (IED) disminuyó un 28,6%. De acuerdo con el Emisor, entre enero y junio de este 2024 arribaron al país capitales por 6.720 millones de dólares, un monto inferior en 2.697 millones de dólares a lo recibido en el mismo lapso de 2023.

Lo más grave de esta situación es que gran parte de la caída en la atracción de inversión se concentró en los proyectos relacionados con minería y petróleo. Esta circunstancia, por obvias razones, se debe a los bandazos de la política minero-energética gubernamental, especialmente por la negativa a firmar nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Ya los gremios del petróleo, gas y carbón habían advertido semanas atrás que la inversión en estos proyectos sigue en caída libre, sobre todo en cuanto a perforación de pozos, actividades de sísmica y uso de taladros en busca de yacimientos. Muchas regiones en las que esta actividad era la principal, viven hoy una situación crítica.

Si bien Colombia tiene buenas prospectivas para la industria minero-energética, la política del gobierno Petro en torno a forzar un marchitamiento petrolero, gasífero y carbonero, con miras a una rápida transición a fuentes limpias de energía, ha llevado a que los grandes inversionistas extranjeros no consideren rentable ni atractivo traer sus capitales a nuestro país. No hay seguridad jurídica alguna.

Resulta evidente que esa caída en la inversión en la industria de los hidrocarburos llevará no solo a que se mantenga la disminución de la producción de estos combustibles de origen fósil, sino que también se está arriesgando la soberanía energética. De hecho, ya para este año es necesario proceder a la importación de gas, lo que tendrá un efecto directo en los bolsillos de todas las familias, pues tendrá que pagarse más caro.

La disminución de la inversión extranjera en el sector minero-energético tiene un impacto mayor, sobre todo si se tiene en cuenta que este rubro concentra el 34% de los recursos que llegan desde el exterior, seguidos de lejos por los capitales que se dirigen a proyectos y negocios relacionados con servicios financieros y empresariales (21%), industria manufacturera (17%), comercio y hoteles (12%) y electricidad (9%).

Como se ve, si bien la actual administración ha indicado que la idea es reemplazar las billonarias divisas, impuestos, regalías y dinamismo económico derivados de los productos minero-energéticos con los que debe generar el turismo, las cifras del Banco de la República ponen de presente que este objetivo está muy lejos de poder consolidarse.