Ilustrar a opinión pública sobre el proceso

Se desconoce terminología e implicaciones

Si  algo ha quedado demostrado en los meses recientes es que pese a que el proceso de paz ha sido el tema predominante en los últimos cuatro años, gran parte de la opinión pública tiene un nivel de desconocimiento muy alto respecto a qué implica realmente la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Si bien, según se constató en la contienda presidencial del año pasado, buena parte de la ciudadanía definió su apoyo en las urnas de acuerdo, preferencialmente, con su postura frente a la negociación entre el Gobierno y las Farc, ganando la opción de continuar las tratativas, también es evidente que ese clima de polarización se basa, muchas veces, en percepciones muy generales sobre lo que es el proceso de paz, sin profundizar demasiado en los puntos más complejos y puntuales del mismo.

Ello, de por sí, no era tan preocupante porque en ese entonces apenas se avanzaba por la mitad de la agenda de negociación, pero la cuestión es distinta cuando, como ahora, la discusión parece entrar en la recta final y está muy pronta a asumir los asuntos más difíciles, como los relativos a la mecánica del desarme guerrillero y las garantías que se darán a la cúpula y pie de fuerza insurgentes para no pagar largos años de cárcel, poder participar en política, iniciar una nueva vida en la civilidad o incluso blindarse ante el riesgo de la extradición o de terminar siendo juzgados por la Corte Penal Internacional, entre otros asuntos de profundo calado.

Cada uno de estos temas reviste muchas y delicadas implicaciones, y como lo que se aborda en la Mesa de Negociación ahora es mucho más público, muy distinto a lo que pasó en el primer año y medio, se requiere que la ciudadanía maneje con mayor certeza y claridad no sólo la terminología propia de un proceso de paz, sino que entienda las implicaciones de cada acuerdo, cesión, controversia o negativa entre las partes. Sólo en la medida en que ello sea posible, los debates saldrán de la esfera exclusiva de los analistas, la dirigencia política, la academia y las cúpulas de los sectores económicos, sociales, institucionales, gremiales y de las ONG, para volverse lo que debe ser: una discusión nacional, regional y local, abierta y sin cortapisas de ninguna especie. No hay que olvidar que si se cumplen las previsiones que hace el Gobierno, en un año largo la ciudadanía podría estar siendo citada a las urnas para refrendar, con su voto, si está de acuerdo con lo pactado con la subversión para la superación definitiva del conflicto.

Sería ingenuo desconocer que buena parte de la opinión pública no maneja siquiera con mediana claridad qué es la justicia transicional y cuáles sus principales características. Menos entiende la complejidad de lo que significa un delito político y cuáles de los delitos comunes podrían ser considerados como conexos al mismo. Igual las gentes no dominan términos como “desescalamiento”, “subrogados penales”, “cese de fuegos”, “armisticio”, “elegibilidad”, “cierre judicial” y otros más que son básicos para poder abordar y analizar el proceso de paz con criterio informado y sopesado. Contrario a lo que algunos expertos suelen decir en torno de que en Colombia hay una explosión preocupante de “pasólogos”, en referencia a quienes todos los días hablan y analizan el proceso, muchos de ellos con posturas claramente subjetivas y motivadas política y electoralmente, lo que requiere el país es que cada colombiano se vuelva, precisamente, un “pasólogo”. Que sea informado objetivamente de los conceptos básicos de la negociación, sus pros y contra, los alcances y límites de cada propuesta o acuerdo, y luego, en la intimidad y autonomía de su criterio, tome el partido que quiera al respecto. En esa medida se evita que la ciudadanía pueda ser fácilmente manipulada por dirigentes que, cabalgando en sofismas y falsas hipótesis, o apostando por escenarios exagerados y apocalípticos, traten de implantar en la opinión pública tesis que no corresponden a la realidad.

Se requiere, por tanto, que la tanta veces prometida “Cátedra de paz” pase de la mera enunciación a ser una realidad, una campaña nacional inmediata, de amplia cobertura y, sobre todo, con criterios objetivos y pedagógicos. Sólo así se podrá hablar verdaderamente de una paz nacional, regional y local.