Graves, sin duda alguna, las denuncias que hizo el contralor General en torno a las prácticas corruptas en la gestión ambiental en Colombia y la forma en que estas podrían afectar las acciones que desarrolla el país para proteger su patrimonio natural y combatir el cambio climático.

El inventario de anomalías que puso sobre la mesa el jefe del ente de control fiscal no es menor ni de bajo impacto. Por el contrario, advirtió de “múltiples y disímiles prácticas administrativas indebidas” que campean a lo largo y ancho de los territorios, favoreciendo la proliferación de la corrupción.

Habló específicamente de las ventas de permisos para el aprovechamiento de recursos naturales, así como de la negociación de licencias, concesiones y trámites administrativos ambientales. También trajo a colación el pago de sobornos y dádivas para ocultar infracciones de tipo ambiental o el comercio ilegal de especies protegidas.

Lo más complicado es que se trata de irregularidades que se están presentando. Prueba de ello es que en las auditorías financieras que realizó la Contraloría a los gestores fiscales, en el primer semestre del presente año, se identificaron prácticas anómalas como contratos pagados sin cumplir con las especificaciones del objeto contractual, doble pago de actividades y giro de recursos sin que hubiera certeza probada de la ejecución del proyecto u obra contratada. También se detectaron casos relacionados con la anulación de cobros de tasas por uso de agua y posterior devolución de dinero, deficiencias en la Liquidación de Tasas de Uso de Agua e incluso gastos y pagos indebidos de suministro de alimentos y bebidas alcohólicas.

Para el contralor es claro que este tipo de prácticas constituyen un atentado contra la integridad de los ecosistemas, la biodiversidad y el equilibrio de la vida en el país y el planeta. Además, recalcó que la omisión administrativa y las debilidades en las labores de supervisión abren paso al favorecimiento de la corrupción.

Es imperativo que la Procuraduría, Fiscalía, el ministerio del ramo y todo el Sistema Institucional Nacional Ambiental tomen cartas en el asunto. Las denuncias del ente de control fiscal ponen de presente que no solo se enfrenta al factor criminal que depreda los recursos naturales, sino que hay elementos infiltrados en la Administración Pública que los favorecen.

La corrupción en la gestión ambiental es un delito de graves implicaciones, no solo porque pone en peligro el principal patrimonio de los colombianos, como lo es la biodiversidad, sino que atenta contra el presente y futuro de la Nación.