*¿La enésima será, ahora sí, la vencida?
*Diligencias sui géneris y anacrónicas
ES imposible encontrar algún gobierno que en las últimas tres décadas no haya anunciado su cruzada para desmontar o anular aquellos trámites innecesarios que los particulares deben hacer ante las instancias oficiales o incluso privadas. En cada uno de esos mandatos se expidieron leyes, estatutos, decretos, reglamentaciones y directivas internas con el fin de acabar con las engorrosas diligencias, desesperantes esperas y las kilométricas filas que los colombianos han tenido que soportar para registrar u obtener un documento, hacer un reclamo, certificar tal o cual acción o incluso probar, con firma y huella, que se está vivo, como ocurre a miles de pensionados que deben presentarse ante un notario para el respectivo “certificado de supervivencia”.
Lo curioso de toda esa larga lucha contra la tramitología es que cada gobierno en su momento dijo haber reducido al máximo esas gestiones innecesarias ante el Estado. Sin embargo, su respectivo sucesor no lo evaluó así y proyectó su propia estrategia, ligada cada vez más al avance tecnológico y el llamado gobierno en línea, es decir, la interconexión vía Internet de todas las dependencias oficiales, que se supone debe evitar que el ciudadano vaya de una ventanilla a otra cargado de papeles gestionando información que posee ya el Estado pero no la hace fluir adecuadamente.
Pese a todo ello, la tramitología es uno de los problemas que la ciudadanía advierte cuando se le pregunta lo que más le molesta de las instituciones oficiales. Ello lleva sólo a dos conclusiones: primera, que lo realizado en treinta años siempre fue corto o insuficiente. Y segunda, que así como muere un trámite engorroso, nace otro más leonino.
Recientemente, el Departamento Nacional de Planeación hizo un sondeo virtual en el que pidió a los colombianos identificar cuál era la diligencia más desgastante que tenían que realizar. El listado fue encabezado por los trámites ante las Empresas Promotoras de Salud (EPS), las notarías, el sistema financiero y las dependencias de tránsito y transporte. Como se ve, el flagelo continúa.
Por otra parte, ya está sobrediagnosticado que el exceso de diligencias que los particulares tienen que efectuar ante los despachos públicos, no sólo implican pérdida de tiempo, dinero y hasta salud mental, sino que se convierten en germen de corrupción, la misma que va desde aquella persona que paga 5.000 pesos para colarse en una fila o la falsificación de documentos y sellos de cualquier especie en contratos oficiales multimillonarios.
En el actual Gobierno también se le ha declarado la guerra a la tramitología. Incluso, en el recién entrado en vigencia Estatuto Anticorrupción hay un capítulo de políticas institucionales y pedagógicas en donde se obliga a las entidades a establecer una estrategia antitrámites real y medible. Es más, se ordena que si hay necesidad de establecer una nueva diligencia para ser cumplida por los particulares, debe elaborarse un documento que justifique su creación y necesidad, el cual será evaluado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Si el concepto es desfavorable se abortará la medida.
Incluso el Estatuto dio facultades extraordinarias al Presidente de la República para que antes de seis meses expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios en la administración pública.
Precisamente en el marco de esas facultades, el Ejecutivo anunció que el jueves de esta semana presentará las bases de su cruzada contra los trámites innecesarios, como el de “poner la huella digital” en cualquier documento, procedimiento casi sui géneris en el mundo. Paralelamente en el Congreso ya avanza un proyecto de ley que obligará a que el 100 por ciento de las entidades en el orden nacional, departamental, distrital y municipal estén conectadas vía Internet.
Visto todo lo anterior, la esperanza sólo es una: que la presente cruzada, la enésima en décadas, sea, por fin, la última y definitiva