Una de las mayores causas de las riñas vecinales y la conflictividad social tiene que ver con los pleitos derivados del exceso de ruido, ya sea en espacio público o en propiedad privada. No es un tema menor. Por un lado, la contaminación acústica está considerada un problema de salud pública, pues produce impactos a nivel físico y mental, que van desde afectaciones auditivas, ataques de nervios, estrés, ansiedad, presión arterial alta, dolores de cabeza, mareos e insomnio, hasta ineficiencia o baja productividad laboral o académica, entre otros.

Por otra parte, es evidente que la legislación para combatir este flagelo es insuficiente y con claros vacíos procedimentales que dificultan su aplicación por parte de las autoridades. A ello se suma una marcada falta de conciencia ciudadana al respecto, en donde la balanza entre derechos y deberes está desequilibrada. Esto porque las personas tienden a revalidar más su libre albedrío para producir cualquier tipo de sonido, que la obligatoriedad de evitar afectar a terceros con su proceder abusivo.

En ese orden de ideas, debe destacarse que en el Congreso se aprobara un proyecto de ley que no solo busca combatir de manera efectiva la contaminación por ruido, sino que establece las bases de la Política de Calidad Acústica.

La iniciativa no solo da paso a sanciones de distinta índole para los responsables de fuentes de sonido que violen los topes de decibeles permitidos, sino que le da a la ciudadanía afectada mecanismos expeditos para obtener la protección de sus derechos a un ambiente sano y libre de este tipo de contaminación. Herramientas diferenciadas según se trate de espacio público o privado, actividades comerciales, industriales, de reunión y de entretenimiento, entre otras. Incluso, la norma avanza en cuanto a la protección de la fauna y flora ante los efectos adversos del ruido excesivo.

Para ello se establecen principios y definiciones con el fin de optimizar el ejercicio de competencias y funciones dirigidas a gestionar, prevenir, mitigar, monitorear, realizar seguimiento y control a los impactos generados por ruido. Se fortalecen los mecanismos jurídicos y de policía en ese propósito.

Uno de los temas clave en la nueva ley es la necesidad de actualizar los mapas de ruido según fuentes, actividades, reglas de uso del suelo y grados de afectación. También se avanza en dotar a las autoridades de capacidades técnicas y legales para aplicar la normatividad. Incluso se crea un Comité de Seguimiento, rindiendo informes periódicos al Congreso y la Procuraduría.