El aumento de la tasa de desempleo en el séptimo mes de este año no sorprende. Objetivamente es muy complicado pedirle a una economía que el año pasado apenas si creció al 0,6 % y en el primer semestre de 2024 solo alcanzó el 1,5 % en promedio, que genere una cantidad suficiente de puestos de trabajo.

De acuerdo con el DANE, en julio pasado la tasa de desocupación nacional fue del 9,9 %, superior al 9,6 % que se registró un año atrás. Esto implica, entonces, que el número de personas desempleadas en el país es hoy superior a 2,5 millones.

Como lo hemos recalcado en estas páginas, la posibilidad de que la tasa de desempleo baje de manera sustancial depende principalmente de que el Gobierno y el sector privado logren un acuerdo objetivo y funcional para reactivar la economía. Mucho se ha hablado al respecto, pero solo esta semana se logró un primer pacto al respecto, con el sector financiero.

Hay que ser realistas: pensar en que la tasa de desocupación laboral en nuestro país se podrá alejar de la cifra de dos dígitos, es imposible mientras no se logre ese acuerdo. Más aún porque, hoy por hoy, todos los pronósticos locales y externos coinciden en que a diciembre el producto interno bruto no llegaría a un 2 %.

En medio de la crisis fiscal que golpea al gobierno nacional central, así como a las gobernaciones y alcaldías, resulta inviable que la administración pública continúe siendo uno de los dinamizadores de la generación de plazas de trabajo.

Por el contrario, el reporte del DANE revelado este viernes confirma que el comercio, transporte y construcción fueron los rubros productivos en que más se perdieron o se dejaron de crear empleos. Dichos sectores, junto a la industria y la manufactura, son los nichos principales de la economía real. No deja de ser una coincidencia, entonces, que se esté cayendo el recaudo tributario este año, puesto que los factores que más mueven la oferta y la demanda de bienes, productos y servicios, nada que salen de los números rojos.

En medio de este complicado escenario, resulta claramente contraproducente poner sobre la mesa la posibilidad de una segunda reforma tributaria que, por más que se hagan interpretaciones ingeniosas sosteniendo que tendrá bajo impacto, lo cierto es que terminará golpeando a las empresas y la capacidad adquisitiva de la población. Esos doce billones de pesos que el Gobierno espera recaudar con la nueva carta impositiva saldrán del circuito económico privado, ya sea de personas naturales o jurídicas.

De igual manera, como lo han advertido múltiples analistas y gremios, el proyecto de reforma laboral, que se encuentra para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, no va en la dirección de fortalecer el entramado empresarial ni la capacidad del aparato productivo para crear empleo permanente y de calidad. Por el contrario, como lo indicara un estudio dado a conocer en días pasados, la informalidad podría estar aumentando en no menos de doce puntos, con especial afectación sobre mujeres y jóvenes, que son los rangos de sexo y edad en donde hoy están concentrados los mayores índices de desempleo.