*Muchas falencias en el primer tramo
*Urge redoblar control estatal y partidista

NO  es muy auspicioso el balance de este primer tramo de la campaña electoral con miras a la cita en las urnas el próximo 30 de octubre para escoger gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Hoy, cuando termina el período de inscripción de candidatos, lo ocurrido en los últimos meses debe llamar al país a una reflexión de fondo sobre niveles de transparencia, organización, garantías y depuración políticas.

En materia normativa, la tardía entrada en vigencia de la reglamentación de la última reforma electoral creó mucha incertidumbre. El fallo de la Corte Constitucional se conoció hace pocas semanas, cuando ya la campaña llevaba un buen trecho recorrido. Incluso hubo limbos sobre el censo electoral a aplicar, las inhabilidades vigentes y hasta fechas sobre publicidad proselitista e inscripción de aspirantes. Ver a los partidos a las carreras para completar la cuota de mujeres en sus listas fue un ejemplo más de improvisación que de apertura democrática y equidad.

En cuanto a avales la polémica estuvo a la orden del día. La controversia entre colectividades y Gobierno por la información sobre antecedentes, inhabilidades e incompatibilidades de los aspirantes, evidencia que todavía falta mucho terreno para tener un filtro eficiente de candidatos.

Desgastante, igualmente, ver a muchos políticos tradicionales que no fueron acogidos por sus partidos debido a distintas circunstancias, acudiendo a la recolección de firmas para respaldar sus aspiraciones. Se desfiguró así un mecanismo inicialmente concebido para servir de vehículo a propuestas y movimientos independientes y alternativos.

Tampoco resultó alentadora la forma en que algunos dirigentes hicieron rondas maratónicas por distintos partidos buscando los respectivos avales, sin que hubiera la menor identificación programática o ideológica con esas colectividades.

Una vez más la capacidad de los directorios nacionales para imponerse sobre sus estructuras regionales, distritales y locales quedó en duda, pues no pocas órdenes de las cúpulas fueron desconocidas por sus dirigentes, bancadas y candidatos en departamentos y municipios.

De otra parte, la baja votación en las consultas internas del 29 de mayo pasado, debe generar un debate sobre los mecanismos de democracia participativa. En 271 municipios había 12,2 millones de ciudadanos habilitados para sufragar pero sólo lo hicieron 1,3 millones. Un bajo volumen para un evento que costó 40 mil millones.

En cuanto a la seguridad en este primer tramo de la puja proselitista, la situación es preocupante. La Defensoría del Pueblo habla de 199 municipios en riesgo electoral alto. La Misión de Observación Electoral reportó más de 120 hechos de violencia, entre ellos 19 homicidios, 32 amenazas, 7 atentados y 4 secuestros. Otros reportes hablan de casos muy puntuales de reciclaje de la parapolítica y del peligro de infiltración de la guerrilla, bandas criminales emergentes y dinero sucio en la actividad proselitista.

De igual manera, quedó en el aire el pacto tantas veces anunciado pero nunca concretado entre los partidos políticos para sancionar drásticamente a los candidatos que trataran de utilizar electoralmente las ayudas económicas y en especie para los damnificados por el invierno. Muchas quejas se han registrado en torno de politiquería en la entrega de estos apoyos.

Como se ve, en materia electoral hay falencias que persisten pese a las distintas reformas para hacer más transparentes las campañas, su financiación, la forma de entregar los avales, los filtros que deben existir, los mecanismos sobre democracia interna y responsabilidades partidistas así como los blindajes contra la politiquería y la infiltración o saboteo criminal.

El Gobierno, las colectividades, los candidatos, la organización electoral y otros entes de vigilancia y control, así como la ciudadanía, deben estar atentos en esta recta final de la campaña para erradicar esas anomalías y que la voluntad popular no se desfigure por estos vicios que atentan contra la transparencia democrática.