Una  vez más las autoridades han alertado sobre el riesgo que significan las redes de prestamistas informales, comúnmente llamadas de “gota a gota”, no sólo por los onerosos intereses que cobran a quienes acuden a ellas, sino porque sus formas de cobro de las obligaciones vencidas no pocas veces se basan en la violencia, llegando incluso al homicidio. No hay que olvidar que los intereses que deben pagarse llegan, incluso, a porcentajes del 20, 30 y 40% mensual.

Pese a la abierta ilegalidad  de esta práctica, ya es común ver cómo en muchas ciudades y municipios grandes, medianos y pequeños los cobradores visitan a diario a sus ‘clientes’ para recaudar las cuotas diarias, que si bien en algunos casos no constituyen montos altos, al trabajar bajo la base del alto volumen de transacciones, entonces terminan moviendo millonarias sumas de dinero.

También es sabido que detrás de muchas de estas redes de agiotistas están bandas delincuenciales locales o de mayor complejidad, lo que aumenta su peligrosidad, pues en no pocas ocasiones los dineros que circulan provienen del narcotráfico, la extorsión, el contrabando y otras conductas ilícitas. Es más, se considera en los análisis de las autoridades que los “gota a gota” se han convertido en una de las prácticas de mayor uso para el lavado de narcodineros. De allí que no es extraño que detrás de las cruentas guerras de las llamadas “Bacrim” en varias zonas del país, uno de los motivos principales sea el pulso por el dominio de las redes de “gota a gota”. Incluso, en el mundillo delincuencial ya está haciendo carrera la tesis de que es más ‘rentable’, en términos de riesgo/ganancia, este tipo de prácticas prestamistas que el mismo microtráfico o la corrupción.

Lo grave es que el “gota a gota” se convirtió en una práctica común. Proliferan los testimonios de trabajadores, comerciantes, tenderos, transportadores y otra gama amplia de personas que acuden a estas redes como mecanismo rápido de financiación, pues se trata de dinero que es entregado de forma pronta y casi sin ningún trámite o papeleo. Lamentablemente esta ‘flexibilidad’ parte de la base de que los deudores saben que si demoran o incumplen en los pagos de las cuotas diarias o semanales, corren el riesgo de exponerse a ser violentados o incluso tener que dar a los prestamistas, en una especie de ‘dación de pago’ ilegal’, desde electrodomésticos, celulares y vehículos, hasta escrituras de bienes inmuebles, muchas veces a precios irrisorios.

¿Cómo acabar con el “gota a gota”? No es una respuesta fácil. Lo más obvio sería que las autoridades policiales y judiciales se dedicaran a perseguir sin cuartel a estos prestamistas, no tanto al cobrador que todos conocen en un barrio o sector citadino, sino a los dueños de los recursos que circulan en montos millonarios. Como se dijo, en muchos casos hay estructuras delincuenciales detrás de este negocio ilegal.

Sin embargo, para que esa estrategia funcione es prioritario también que la política de bancarización en Colombia se profundice. Si bien en este aspecto se ha avanzado en los últimos años e incluso el Ministerio de Hacienda acaba de presentar un proyecto de ley que permitirá a muchos más colombianos acceder a los servicios financieros de mayor y menor complejidad, lo cierto es que bancos, corporaciones, cooperativas y demás instituciones del sector deben aumentar su cercanía con la población en general, disminuyendo trámites y flexibilizando el acceso a todos sus productos y servicios, claro está sin que por ello se ponga en riesgo la estabilidad económica de cada entidad pública o privada.

Las dos estrategias, la represiva y la financiera, deben ir de la mano. Si ello no ocurre, el “gota a gota” seguirá imperado en muchas zonas del país.