El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es uno de los más importantes a nivel nacional, ya que beneficia alrededor de 5,9 millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos que reciben desayunos, refrigerios y almuerzos gratis. No en pocas ocasiones, ese soporte alimenticio y nutricional es el único que tienen estudiantes de bajos recursos que, de lo contrario, tendrían que dejar las aulas y ponerse a trabajar para ayudar en el soporte de sus hogares.

Lamentablemente el PAE ha terminado siendo blanco de redes de corrupción y ‘carruseles’ de contratistas. De igual manera, en no pocas ocasiones las gobernaciones y alcaldías no han sido lo suficientemente diligentes para invertir estos billonarios recursos, ya sea por fallas de carácter administrativo, contractual o deficiente vigilancia de la prestación del servicio.

Precisamente lo anterior es que llaman la atención dos campanazos que se dieron en la última semana por parte de los entes de control.

Por un lado, la Procuraduría General solicitó al director general de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar informar cuáles fueron las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) a las que, en días pasados, se les realizó el tercer giro de recursos que en total suman 361.000 millones de pesos.

De hecho, la referida unidad deberá confirmar el cronograma para la verificación de prestación de servicio en los establecimientos educativos oficiales, en lo que resta de la presente vigencia. A la par de ello, el Ministerio Público alertó los riesgos de continuidad del PAE en nueve entidades territoriales, causadas por procesos de licitación, contratación y orden público, especialmente en Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Florencia, Huila, Magdalena, Pasto y Valledupar.

A ello se suma que la Contraloría advirtió que cerca de 230.000 niños, niñas y adolescentes han resultado afectados por la no entrega del PAE en el país. Justamente por ello hizo varios llamados de atención sobre los principios de planeación, ejecución, seguimiento y cierre que deben cumplir las entidades territoriales, con el fin de asegurar la contratación oportuna y la efectiva implementación del programa a nivel nacional.

Frente a todo ello, el ente de control fiscal lanzó una alerta sobre el posible riesgo de interrupción del programa para el segundo semestre de este año. Esto porque, con corte 30 de mayo pasado, se observa que, para la prestación del servicio a la población mayoritaria e indígena, 19 entidades territoriales certificadas presentan contratos vencidos o con fecha de vencimiento inferior a 30 días calendario.