*Debate sobre Ley de Garantías Electorales
*No satanizar ni politizar una propuesta lógica
Objetividad y perspectiva. Esas son las primeras características que se agotan cuando la polarización política se toma el escenario. Prueba de ello es el rumbo del debate sobre la propuesta presidencial de derogar la Ley 996 de 2005 o Ley de Garantías Electorales. Distintos sectores críticos y de la oposición al Ejecutivo descalifican la idea acudiendo a señalamientos claramente politizados. Si bien el Gobierno ha replicado los señalamientos y llamado a un debate serio y sopesado, sólo obtuvo como respuesta más cuestionamientos y ataques. Dadas las implicaciones de la reforma anunciada, es necesario dejar de lado las quisquillosidades políticas y electorales, y profundizar en el análisis de los motivos y objetivos de la modificación legal planteada.
En primer lugar, no hay que olvidar que esta Ley se originó como un mecanismo para controlar los alcances de la atropellada reforma constitucional al “articulito”-aprobada un año antes- que abrió paso a la reelección presidencial inmediata en Colombia. Sin embargo, los legisladores de entonces quisieron ampliar el ámbito de la norma para que también reglara lo relativo a las prohibiciones y restricciones que las administraciones departamentales y municipales debían cumplir en los períodos de antesala electoral para no favorecer o perjudicar a los candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Debe recalcarse que muchas de esas limitaciones ya existían de mucho tiempo atrás y su violación dio origen a no pocas sanciones y destituciones de funcionarios por parte de la Procuraduría así como a procesos y condenas penales y fiscales a quienes utilizaron su función y capacidad de decisión presupuestal para maniobras politiqueras. Por lo tanto, en modo alguno, como mal sostienen los críticos, eliminar ahora la Ley de Garantías sería una especie de patente de corso a la utilización proselitista de lo público. Todos los códigos, desde el disciplinario, pasando por el penal y el fiscal, establecen claramente qué puede hacer y qué no un servidor público, ya sea en épocas de antesala electoral o cuando no existe tal coyuntura. Creer que fue solo a partir de la Ley de Garantías que se crearon los controles para evitar la politiquería y el favorecimiento electoral desde instancias públicas, raya en lo insólito. Eliminada aquella, los controles, prohibiciones y castigos seguirán vigentes y no habrá flexibilización alguna.
En segundo lugar, la tesis del Gobierno parte de la sana lógica de que si se aprueba la reforma al sistema de equilibrio de poderes a mitad de este año, que tiene como columna vertebral la eliminación de la reelección, no sólo en nivel presidencial sino en todas las ramas del poder público, entonces la Ley de Garantías perderá su razón de ser por sustracción de materia. No debería existir aquí mayor discusión, pues a gobernadores y alcaldes no se les permite ni permitirá repetir en el cargo de manera inmediata.
En tercer lugar, pareciera que los contradictores no entendieron el sentido de la propuesta presidencial. El argumento del Gobierno es que la Ley de Garantías se convirtió en una talanquera para que alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital puedan ejecutar presupuestos por un lapso de cuatro meses. Para el caso de este año, por ejemplo, hay 5,8 billones de pesos frenados, recursos y obras que es necesario movilizar no sólo para que a escala seccional y local se puedan cumplir los planes de desarrollo, sino porque en un año de desaceleración económica, motivada por la crisis en los precios del petróleo, es necesario dinamizar el sistema productivo desde las inversiones públicas. Ni el Presidente o cualquiera de sus ministros dijo algo relativo a flexibilizar los controles y sanciones a la politiquería. La propuesta, en las palabras del Jefe de Estado, es taxativa: “hay una plata muy grande atrasada, que no ha podido ser ejecutada, entonces para compensar ese recorte (el de las regalías y otros coletazos presupuestales por la crisis petrolera) lo que queremos es que los alcaldes y gobernadores tengan la capacidad y la posibilidad de invertir la mayor cantidad de ese dinero disponible, es de ellos, en los nueve meses que les quedan”. En ese orden de ideas, lo que busca derogarse es lo relativo a la prohibición para celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Los controles y supervigilancia a estas inversiones continúan vigentes, no se van a desmontar ni debilitar. Para entenderlo es necesario abordar el tema con suficiente objetividad y perspectiva. Pero si prima la subjetividad y la polarización será imposible dar un debate serio y ponderado.