* Endeudamiento público, alternativa viable

* Ventaja de un país con buen perfil crediticio

Se ha aprobado por el Congreso, dentro de los tiempos reglamentarios, el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2021. Entre los muchos documentos financieros que se expiden anualmente en el país este continúa teniendo importancia superlativa. Es, al fin y al cabo, la carta de navegación en la que cada año se calculan los ingresos a las arcas públicas y los gastos que se le autoriza realizar al gobierno de turno durante dicho lapso. No se puede ejecutar ningún movimiento de recursos oficiales que no esté de antemano autorizado en el Presupuesto, según lo ordena la Constitución

El Parlamento, tal y como lo conocemos en las democracias occidentales, nació justamente cuando los cuerpos de representación popular reclamaron para sí el derecho exclusivo para decretar impuestos y autorizar al Ejecutivo los gastos podía hacer durante el ejercicio anual.

El Presupuesto aprobado para el año entrante asciende a 314 billones de pesos, lo que corresponde principalmente a ingresos -en su mayoría de orden tributario por 154 billones- y a recursos de capital, provenientes principalmente del crédito público por 124 billones. Nótese que los ingresos de capital, básicamente nuevos empréstitos públicos que contraerá la Nación durante la vigencia, se aproximan bastante a los recursos que obtendrá por el cobro de impuestos.

El del año entrante es un presupuesto especial: es el primero que se prepara, discute y aprueba durante la pandemia. Por eso refleja los afanes y tribulaciones que nos ha impuesto la crisis del coronavirus. De allí que la principal preocupación de esta carta de navegación para 2021 ha sido la de tratar de aumentar en lo posible los rubros de la inversión pública, algo que efectivamente se logró.

Hay que tener en cuenta, además, que durante esta vigencia no tendremos incrementos de impuestos. Es decir: no habrá nueva reforma tributaria. Se ha dicho que esta es necesaria, pero se dejará para cuando pasen los efectos de pandemia. Y también para cuando las empresas, lo mismo que las personas naturales, recobren su capacidad como contribuyentes normales. Esta condición se ha visto gravemente afectada por los confinamientos y las restricciones a la actividad económica impuestas por las difíciles circunstancias de salud pública que vivimos.

De allí que no sea sorprendente que se estén elevando los cálculos de lo que ingresará a las arcas públicas a través de incrementos en el endeudamiento oficial. En cuanto a las ventas de activos estatales están previstas algunas pero no parece que vayan a ser significativas el año entrante.

La deuda pública de la Nación está ya cercana al 60% del Producto Interno Bruto. Y no sería sorprendente -si el coronavirus se prolonga y es necesario recurrir a nuevos confinamientos- que este renglón de financiamiento presupuestal siga aumentando. De suyo, si no echáramos mano de esta herramienta para enjugar el déficit que tiene el Presupuesto, y que la Contraloría calcula en un 30%, sería imposible ejecutar una carta de navegación de gastos e inversión como la que acaba de aprobarse.

Lo primordial es que no debemos perder la calma. Lo propio de un momento de crisis como el que vivimos (cuando no hay reforma tributaria a la vista y se reclama por todos los sectores económicos más gasto contracíclico que alivie la penosa situación que viven las empresas y las personas más desvalidas) es, precisamente, el incremento del endeudamiento público, que permite ajustar las cuentas presupuestales.

Afortunadamente la buena política macroeconómica que ha caracterizado a Colombia, y la reputación que mantiene tradicionalmente con los mercados de buena pagadora,  permite, en estos tiempos de grandes necesidades y apremios, recurrir a mayor crédito externo e interno. Y eso es lo que se está haciendo, a buenas tasas y bajos condicionamientos.

Es claro que la pandemia ha sembrado de incertidumbre el panorama financiero. Todavía no hay certeza sobre cuánto  caerá en este 2020 el crecimiento económico y, menos aún, sobre qué tan rápido y en qué porcentaje se dará la recuperación económica a lo largo del 2021, año en el que están cifradas muchas esperanzas. Los malos datos publicados esta semana, según los cuales la economía en agosto pasado cayó 10,6% con relación a igual mes del año anterior, muestran a las claras que la recuperación está aún lejana.

Si la recuperación de la economía y del empleo se tarda más allá de lo esperado, no sería sorprendente que el Presupuesto para el año entrante -en cuanto a gastos indispensables del Estado se refiere- se quedara corto, y hubiera que incrementar el programa de gastos públicos a lo largo de la vigencia, tramitando una adición de recursos. Solo así se atenderían los gastos no previstos en el Presupuesto que acaba de aprobarse.

Por ahora, hay que esperar cómo evoluciona la economía y cuál el rumbo de la pospandemia y la reactivación. Lo importante es que se actúa con ponderación y cautela, sin alarmismos ni pasividad.