*Consejo de Estado tiene la palabra
*Objetividad vs. escenarios fatalistas
UNO de los aspectos más importantes para todo país que trabaje seriamente en la atracción de inversión extranjera es, precisamente, la seguridad jurídica. Es el elemento determinante a la hora en que una multinacional o un hombre de negocios deciden en dónde abrir operaciones y en dónde no. De allí que, en perspectiva, este es uno de los factores clave, sino el más, en juego en el accidentado proceso para la venta del 57, 6 por ciento de acciones que posee la Nación en Isagen. Como se sabe la semana pasada el Consejo de Estado profirió una medida cautelar mediante la cual se suspendió el proceso de subasta de la generadora que se iba a realizar el martes reciente y para el cual ya había tres consorcios extranjeros preclasificados para pujar en un negocio que arranca de un piso de 5,3 billones de pesos pero que podría, dada la rentabilidad y fortaleza estratégica de la empresa, incrementarse sustancialmente.
Más allá de la controversia entre los partidarios y críticos de la privatización de Isagen, lo cierto es que poco se ha analizado el efecto que la segunda suspensión del proceso, por orden del mismo alto tribunal, tendrá en el inmediato futuro en materia de atracción de inversión extranjera. Es evidente que el principio de seguridad jurídica registró un revés preocupante y no será fácil que en otras transacciones y oportunidades de negocios a corto y mediano plazos se recupere el nivel de confiabilidad que Colombia venía exhibiendo en los últimos años a la hora de blindar estos negocios macro.
Por el momento todo es incertidumbre. No es claro cuál será el camino que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo señale al resolver el recurso de súplica del Ministerio de Hacienda contra la medida cautelar de la semana pasada, que dicho sea de paso fue dictada por un magistrado que tiene a su cargo el estudio de varias demandas de particulares contra la venta de Isagen. Aunque el Gobierno se muestra confiado en que su argumentación es lo suficientemente sólida para que se reverse la medida cautelar y se destrabe definitiva e irreversiblemente el proceso de subasta, también es claro que desde la orilla de los contradictores de la enajenación de la generadora hay razones de fondo referidas a la oportunidad estratégica del negocio, la tasación del valor del paquete accionario a vender o, incluso, la existencia de otras opciones para financiar las autopistas de Cuarta Generación, alternativas que van desde acudir a fondos de las regalías, emitir dinero, endeudarse en el exterior o, incluso, privatizar otros activos estatales. Cada una de esas opciones han sido ya evaluadas por el Gobierno y todo hace indicar que tienen más peros que ventajas, sobre todo desde el punto de vista fiscal.
Tampoco es fácil de dilucidar el debate en torno de cuál de los dos activos estratégicos es más urgente y necesario para el país: si conservar una empresa estratégica de la fortaleza y rentabilidad de Isagen o el impacto dinamizador que tendría en la economía una red vial de última generación clave para la competitividad e integración comercial. Los argumentos que se exponen a lado y lado son válidos pero, desde un punto de vista objetivo, difícilmente comparables dadas las variables en juego, pues se habla aquí de rubros disímiles como rentabilidad financiera, rentabilidad social, soberanía energética, efecto económico dinamizador de la red vial, dividendos directos e indirectos para la Nación, nivel de generación de empleo, valoración de activos fijos y no fijos estratégicos… Los propios expertos han advertido que dada la complejidad de esas variables, resulta por lo demás miope reducir la discusión a que es lo uno o lo otro, y, peor aún, señalar escenarios extremadamente fatalistas si se opta por este o aquel camino.
Al final de cuentas, será el Consejo de Estado el que tome la última palabra al resolver el recurso de súplica contra la medida cautelar que frenó el proceso de subasta. Las intentonas de moción de censura contra Minhacienda o pronosticar que habrá millonarias condenas fiscales por este caso, no contribuyen a despejar el panorama del futuro de Isagén, sino que enredan aún más el escenario. Que decida, pues, el alto tribunal y que sobre esa base cierta se hagan los juicios de valor objetivos, en lugar de seguir machacando en escenarios hipotéticos en donde cualquier interpretación, por más válida que parezca, resulta incierta y gaseosa.