* ¡Adiós a la Constitución de 1991!
* ¿Dónde están los jerarcas liberales?
El burdo espectáculo al cual asiste el país con la mal llamada Reforma a la Justicia, es verdaderamente lamentable. Está clara la piñata que los congresistas se están dando con el quite y pone de artículos e incisos al gusto del convite, mientras el Gobierno deja prosperar la feria. Y en el entretanto no queda mas que tocar un Réquiem, antagónico al Mesías de Händel de su proclamación, por la Constitución de 1991, pues todo lo que allí se está haciendo rompe definitivamente sus vértebras y termina en una colcha de retazos que ya no podrá denominarse Carta Magna.
Ya se había inferido un primer golpe mortal con la reelección presidencial consecutiva, llevando sin remedio al traste todo el sistema de pesos y contrapesos y liquidando la coherencia en la distribución del poder público y el equilibrio entre las diferentes ramas. Es conocido por el país el estropicio que significó cambiar un “articulito” y el aposamiento de feudos podridos en muchos lugares.
Ahora la cosa es igual o peor. Se da una maniobra deliberada para arrinconar a la Rama Judicial, quitarle sus atributos y emascularla del escenario nacional después de haber sido el dique de contención contra la desinstitucionalización y los vasos comunicantes entre el crimen y el Estado. Por ello, parecería decirse, hay que castigarla.
Y no es exageración. La Corte Suprema de Justicia pasa a ser una entidad lejanísima en la investigación de congresistas, mediatizada por una serie de instancias instructivas y judiciales, cuyo único propósito es quitarle el conocimiento judicial sobre los parlamentarios y volverla eunuca. Caen en el galimatías de dizque una “súper Corte”, de inferior rango, pero de mayores alcances, de suerte que la superior jerárquica será apenas un convidado de piedra, poniendo una talanquera al máximo organismo judicial, burocratizando el proceso y negando el principio de celeridad procesal. Es decir, activan institucionalmente la demora, cuando era suficiente con crear dos organismos al interior de la Corte Suprema de Justicia, integrados por los magistrados ya vigentes, mientras que, por el contrario, los nuevos magistrados de la autodenominada “súper Corte”, nombrados algunos por los mismos parlamentarios, deberán conseguir trabajo para justificar sus millonarios salarios. ¡El país no aguanta una Corte más! Pasa algo similar en el Consejo de Estado con las pérdidas de investidura de los congresistas, a cuya función ahora le ponen más rémoras pese a haber sido su labor exitosa y ejemplar en sanciones y exoneraciones.
Pero no sólo es contra la actividad de los magistrados actuales, sino que a los mismos jueces, que son los representantes primigenios de la institucionalidad judicial, les ponen una nómina paralela y contradictoria de abogados que impartirán justicia bajo la supuesta enseña de la descongestión, cuando el país, por el contrario, necesita es ponerse a tono con su aparato judicial fundamental y nombrar a los jueces que sea menester. El esguince permite burocratizar por la puerta de atrás y abrir una tronera gigantesca a la Rama, mientras paradójicamente el Ministro de Trabajo pide que todas las nóminas paralelas de las entidades públicas del Gobierno Central se conviertan en contratos de trabajo. Todo ello se pretende cobijar bajo el caramelo de ampliarles a los magistrados su nombramiento por doce años y de incurrir en la cooptación, que fue precisamente uno de los elementos por los cuales se convocó a la Constituyente de 1991 a fin de sacar a la Rama Judicial de la perversión endogámica.
Pero aún mas, no solamente se quiebra así la integridad de la Constitución de 1991, sino que se pretende la reclientelización de los organismos de control, quitando la capacidad nominadora de las Cortes, y pasándola de nuevo a la relación directa entre el Presidente de la República y el Congreso, que fue justamente el contubernio que se rompió en la Constituyente, volviendo en cambio a la coyunda de “yo te elijo, tú me nombras y me absuelves”. Si bien es dable ajustar el sistema para evitar intermediaciones burocráticas de las Cortes en ellos, no por ello hay que pasar de guatemala a guatepeor.
Habíamos titulado un editorial de agosto de este año al respecto como La Contrarreforma. Lo que hoy se está presentando es eso y mucho más. Nada menos que el Réquiem por la Constitución de 1991, al cual no creemos, en absoluto, que el presidente Juan Manuel Santos o el expresidente César Gaviria quieran asistir, salvo un mutis por el foro que no le hace bien a las supuestas ideas liberales que algunos pregonan.