- Se exige debate serio y objetivo a las objeciones
- Es viable un acuerdo político de amplio espectro
En medio de un caldeado ambiente político mañana la plenaria del Senado está citada para votar las seis objeciones hechas por el Presidente de la República al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Ya el pasado 8 de abril estas fueron negadas en la Cámara de Representantes y desde entonces se agravó el pulso partidista alrededor de lo que podría pasar en la cámara alta. Han sido álgidas las discusiones en el Legislativo y otros escenarios políticos, mediáticos, jurídicos e institucionales, tanto locales como internacionales, con no pocos episodios altisonantes entre partidarios y críticos de los reparos hechos por el Jefe de Estado a esta norma en construcción del sistema de justicia transicional. Y sin duda alguna el clima de polarización nacional alrededor de este asunto ya llegó a niveles similares a los registrados en tiempos de la negociación habanera con las Farc y la votación del plebiscito refrendatorio en el que el No se impuso cerradamente, pero luego ese dictamen popular fue sorpresivo e inexplicablemente desconocido.
Lo primero que habría que decir es que la obligación de todos los senadores mañana es la de deponer el ánimo confrontacional y el pulso político e ideológico, exacerbado en medio de la campaña electoral, y concentrarse en un debate sereno y objetivo de cada una de las objeciones. No está el clima país para presenciar una nueva gazapera legislativa ni mucho menos para que un asunto de tanta importancia, como lo prueba la honda división nacional al respecto, se trate de despachar por la vía facilista del pupitrazo o la votación en bloque de los dos informes contradictorios emanados de la comisión accidental creada para los estudiar los reparos de Duque a este proyecto y emitir una recomendación a la plenaria. Todo lo contrario, la alta audiencia que se tendrá es el mejor escenario para que cada partido exponga de manera abierta y contundente sus respectivas opiniones y justifique con argumentos sólidos el sentido de su votación, sea cual sea. Se espera, entonces, que las bancadas no desvíen la discusión hacia otros asuntos coyunturales, como las dos curules que perdió en menos de 15 días el bloque opositor o los rifirrafes políticos personales.
En segundo lugar, hemos insistido en estas páginas, y la Corte Constitucional luego lo reiteró, que es deber del Congreso debatir a fondo las objeciones, tanto en su motivación política como jurídica. No hacerlo sería denegar la naturaleza misma de esta facultad presidencial con hondas raíces en nuestro ordenamiento constitucional. Una obligación parlamentaria irrenunciable, más aún porque, de un lado, el alto tribunal también se reservó una nueva instancia de revisión del texto del proyecto en caso de ser modificado y, de otro, el Jefe de Estado ha reiterado que, acorde con su deber institucional, si las objeciones son negadas procederá a sancionar la iniciativa sin pero o dilación alguna. Hay, pues, una manifestación facultativa de los tres poderes y, por ende, un tema de semejantes implicaciones exige el mayor análisis posible y ser decidido y votado con la máxima ilustración en el Parlamento.
Por último, la validez y procedencia de varias de las objeciones no puede esconderse ni tampoco subordinarse a la tesis radical de que el acuerdo de paz es intocable, cuando la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que hay posibilidad de reformas. Por lo mismo, consideramos que lejos de afincarse en posturas extremas a lado y lado, debería avanzarse hacia un acuerdo multipartidista, que incluya a las bancadas oficialistas, independientes y de oposición, de forma tal que se viabilicen los ajustes. Resulta imposible negar la urgencia de cerrar la puerta a los ‘colados’ en la JEP y evitar que esta se torne en un burladero a la extradición. Tampoco es lógico oponerse a que haya normas más claras para castigar a los desmovilizados reincidentes en el delito. Igual es claro que se requieren mecanismos eficaces que garanticen el juzgamiento de todos los culpables de delitos de lesa humanidad y no solo de los máximos responsables. No menos procedente es erradicar la posibilidad de que la Fiscalía tenga que suspender todas sus investigaciones relacionadas con hechos del conflicto armado.
Cada uno de esos asuntos es susceptible de un acuerdo político de amplio espectro en aras de perfeccionar la justicia transicional. Total, si llegaran a persistir dudas sobre su viabilidad, pues para ello está la nueva fase de control de exequibilidad que hará la Corte en caso de aprobarse una, varias o la totalidad de las objeciones. El filtro está más que asegurado.
Así, pues, el Senado tiene mañana un reto de marca mayor y no puede ser inferior al mismo, como tampoco esquivarlo por la vía huidiza de la votación en bloque o el imperio de las posturas radicales e irreflexivas.