* Retos de la escogencia del nuevo titular  
* Urge fortalecer jurisdicción disciplinaria

El proceso de elección del procurador general avanza a buen ritmo. Como se sabe, el periodo de Margarita Cabello termina a mediados de enero de 2025, por lo que el Senado deberá proceder a escoger al nuevo titular en el actual tramo de legislatura, que finaliza en diciembre próximo.

Ayer el Consejo de Estado, tras evaluar decenas de hojas de vida de prestigiosos juristas, seleccionó a su candidato para integrar la respectiva terna. Se trata del exministro, Luis Felipe Henao, abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en ese mismo claustro y estudios superiores de la Universidad de Salamanca (España), el postulado tiene amplia experiencia en el sector público y privado, así como en la academia.

A su turno, la Corte Suprema de Justicia también adelanta su proceso de escogencia. En el listado inicial de aspirantes inscritos ante ese tribunal figuran exmagistrados, exministros y juristas de primer nivel. De esos 60 candidatos, tras la verificación del cumplimiento de requisitos, fueron admitidos 22. Hoy, precisamente, se vence el plazo para los recursos de reposición de quienes quedaron por fuera. La próxima semana se escogerán a los 10 finalistas, que irán a una audiencia pública ante la Sala Plena y tras ello se elegirá al postulado definitivo.

Por su parte, la Presidencia de la República, que debe completar la terna, también está en la segunda fase del mecanismo de selección. Sobre los 41 inscritos inicialmente hubo un proceso de revisión de hojas de vida, a cargo de la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Pasaron ese filtro 26 nombres. Luego de esta instancia se proyectará un listado final y de allí el presidente Petro designará a su candidato.

Así las cosas, se prevé que finalizando de este mes o comienzos de octubre se completaría la baraja y comenzaría el trámite en el Senado, que primero citará una audiencia pública en donde cada uno de los postulados expondrá ante la plenaria su visión sobre el rol presente y futuro de la Procuraduría. Luego habría otra sesión para la respectiva elección del nuevo titular de esta dependencia del Ministerio Público.

La escogencia de la cabeza del ente de control disciplinario es una de las responsabilidades más altas del Parlamento. Por lo mismo, desde distintos sectores ya se escuchan voces que llaman a que la elección esté alejada de cálculos políticos y partidistas, concentrándose, por el contrario, en el perfil y experticia de los postulados y sus propuestas para aumentar la eficacia de la jurisdicción disciplinaria, así como el combate a la corrupción y el desgreño administrativo. Por igual, deben analizarse los planteamientos para fortalecer herramientas y actuaciones que garanticen la máxima transparencia en el ejercicio y manejo de la cosa pública. Hay investigaciones de alto impacto público en marcha y la ciudadanía exige resultados prontos.

El reto es mayúsculo. La propia Cabello resaltaba esta semana que al cierre de 2024 se prevé que se profieran no menos de 100.000 actuaciones de carácter disciplinario contra funcionarios públicos, ya sea por indagaciones de oficio o en respuesta a múltiples peticiones y denuncias de ciudadanía, prensa e instancias oficiales. Esto implicaría, entonces, un aumento del 22,2% respecto al 2023 y del 41,4% frente a 2020.

“¿Qué pasaría si en Colombia no existiera la Procuraduría? ¿Qué pasaría si no existiera un órgano de control? Sería un rompimiento del Estado de Derecho y una ruptura para nuestra democracia”, se preguntó la titular del ente de control. Dicho campanazo es más que pertinente, sobre todo si se tiene en cuenta que una de las promesas de campaña del actual gobierno fue, precisamente, reformar drásticamente dicha entidad, ya fuera para convertirla en una dependencia anexa a la Fiscalía o con el objetivo de quitarle la facultad para suspender y destituir a funcionarios públicos de elección popular, como los congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales o ediles.

Si bien esa competencia de la Procuraduría está amparada constitucional y legalmente e incluso hace parte de la historia y soberanía jurídicas de Colombia, se procedió, por iniciativa de la misma institución, a proyectar una reforma que dejó en cabeza de la jurisdicción contenciosa-administrativa la confirmación de este tipo de fallos disciplinarios. Aunque esta decisión ha generado distintas interpretaciones jurisprudenciales, lo cierto es que cumple con la instrucción del sistema interamericano de derechos humanos en torno a la doble instancia y la mediación de un fallo judicial en firme para determinar la separación del cargo de estos funcionarios públicos.

En ese orden de ideas, lo pertinente es esperar a que se termine de confeccionar la terna y que se cite la audiencia en el Senado para saber qué propone cada candidato. Corresponde a esa cámara legislativa escoger, objetivamente, al mejor perfil y propuesta para fortalecer la labor crucial de la Procuraduría General en defensa y preservación de la cosa pública.