Posicionamiento frente al proceso de paz
Protesta social no es lo mismo que anarquía
A medida que se abre la campaña para las elecciones de mitaca, las diferentes expresiones comienzan a posicionarse cada cual desde su óptica particular. El ambiente, pues, se caldea como es natural en la lucha por el poder regional y municipal. Mucho más cuando la justa electoral no sólo es un termómetro tradicional para medir el nivel de respaldo del Gobierno nacional, en sus diversas materias, sino que comienza a plantearse como un ejercicio específico en torno de la paz. De modo que es mucho lo que está en juego.
Siendo así, las diversas vertientes toman partido acorde con lo que les parece más conveniente. De un lado, ciertamente, parece configurarse un bloque, aun con discrepancias internas sobre temas puntuales, donde se aglutina una importante masa crítica en favor de la salida política negociada. En ello no solo estarían los sectores afectos a la llamada Unidad Nacional sino aquellos que, sin pertenecer a la Administración, se han mostrado proclives al tema. Y del otro lado estarían los que, más que aportes, han concentrado su acción política en las críticas y los obstáculos y han evadido cualquier diálogo institucional para tramitar los desacuerdos alrededor del proceso.
Todo ello, desde luego, será motivación en unas elecciones donde las alianzas suelen ser básicas. Difícil, en tal sentido, coaliciones de candidatos regionales y municipales que no compartan un mínimo fundamental de ideas, siendo precisamente la paz el eje gravitante que más interesa en los territorios azotados por la violencia. Hoy, cuando se requiere la mayor cantidad de voluntad política posible en torno de la reconciliación de los colombianos, se espera un bloque decididamente mayoritario, desde el inicio de la misma campaña, que le dé soporte y viento de cola superlativo a ese propósito nacional. No puede ser, en tal sentido, que los respaldos partidistas vayan a darse por meros motivos tácticos sino que, nunca como hoy, tienen que darse en nivel programático y estratégico. En primer lugar, porque los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales elegidos, serán los del posconflicto. Y, en segundo lugar, porque la aplicación de los gigantescos recursos anunciados en el Plan de Desarrollo deberá canalizarse, en proporción importante, a través de las instituciones regionales. Visto lo que está ocurriendo en el país, los candidatos deben, por supuesto, ser seleccionados dentro de un marco ético ejemplarizante. Nada sería más protervo para la paz que verla zaherida, a las primeras de cambio, por escándalos dramáticos como los que hoy se viven en la rama judicial. De manera que la campaña deberá tener ese contenido insoslayable: por la paz y contra la corrupción. Dos elementos indisociables que, al fin y al cabo, significan lo mismo.
Últimamente, en Colombia, se ha venido optando por tratar de hacer concurrir los paros y la protesta social con los certámenes electorales. Así fue desde el famoso paro cafetero, combinado con el minero y el de transporte, hace cerca de un año y medio, que algunos, tanto a la derecha como a la izquierda, proyectaron como mecanismo propicio para incidir las elecciones parlamentarias y presidenciales. Faltó poco para que lo lograran. Si bien el hecho pudo superarse, aun con situaciones críticas de por medio, hoy de nuevo se avizora la estrategia que consiste en sacar el mejor provecho del río revuelto.
La protesta social, bajo los cánones constitucionales, es legítima y razón de salvaguarda jurídica. Cuando ello, sin embargo, toma otros visos y sirve más bien al posicionamiento político de grupúsculos y candidatos de toda índole, y no tiene un propósito reivindicativo sino azaroso, se entra por otros caminos. Con el escenario electoral que se presenta, donde muchos quieren posicionarse, las anunciadas protestas sociales deben precaverse de la contaminación politiquera. Hay gente que tiende a confundir el significado de la democracia con desorden. Pero ello es una perversión que toca más bien con la anarquía.