* Urgente movilizar toda la capacidad estatal
* Lesiva antesala a COP16 de Biodiversidad
Una nueva emergencia está afrontando el país por cuestiones climáticas. Paradójicamente, hacia mediados de este año, se pensaba que las alertas para esta época estarían relacionadas con los efectos del fenómeno de La Niña que, como se sabe, se manifiestan principalmente en un aumento de los promedios históricos de lluvias, bajas temperaturas y alta humedad. Sin embargo, hoy por hoy las alarmas están prendidas, no por inundaciones y deslizamientos producto de un exceso de agua, sino por todo lo contrario: una ola de incendios forestales que se ha extendido a varios departamentos.
Anoche, por ejemplo, el último reporte de la sala de crisis de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) daba cuenta de 23 conflagraciones activas, la mayoría en Tolima (9), Huila (6), Cauca (5) y Cundinamarca (3). Afortunadamente ya a esa hora se habían controlado las llamas en determinados municipios de Nariño y Huila. Sin embargo, el nivel de afectación en general superaba las 12.808 hectáreas.
De acuerdo con las autoridades, las altas temperaturas en distintas regiones son la principal causa de los incendios, aunque en algunos departamentos se investiga si hay manos criminales detrás de ciertas emergencias. Incluso se ha pedido a la ciudadanía estar atenta a lo que pasa en las zonas boscosas y reportar cualquier acto sospechoso.
Ya en el primer trimestre del año se registró una gran cantidad de incendios forestales en el país, sobre todo en la última fase del fenómeno del Niño, que comenzó a mediados de 2023 y tuvo como principal consecuencia una disminución sustancial de lluvias y provocó situaciones de sequía extrema en distintas regiones.
Aunque en las últimas semanas los planes de contingencia han funcionado para atacar los focos de las llamas, no se puede desconocer que los comités de prevención y atención de emergencias, a nivel seccional y local, estaban más direccionados a enfrentar una crisis invernal, incluso antes de que comenzara, en octubre próximo, la segunda temporada anual de lluvias.
Por el momento se están utilizando al máximo las capacidades de los cuerpos de bomberos, así como del apoyo de las aeronaves de las Fuerzas Militares y de Policía, sobre todo para contener los incendios en alta montaña. Aun así, varios gobernadores y alcaldes han advertido que hay escasez de recursos presupuestales para sufragar todos los operativos. De igual manera, no se puede dejar de lado que en medio de la estrechez fiscal que arrastra el Gobierno nacional central las partidas para las entidades del sector de emergencias también se han visto impactadas. Por ejemplo, hay varios helicópteros castrenses fuera de servicio por los problemas contractuales para su mantenimiento.
Ya en el Congreso se han escuchado voces de senadores y representantes a la Cámara que exigen del Ejecutivo respuestas, sobre todo enfocadas a qué tanto el escándalo de corrupción que estalló en la Ungrd pudo haber afectado la operatividad y disposición de recursos de la entidad encargada de hacer frente a las emergencias. Se teme que la feria de contratos anómalos que se detectó en la institución haya desviado cuantiosos dineros que deberían estar invertidos en los planes de contingencia y fortalecimiento de los equipos humanos y técnicos.
Los estimativos de las autoridades señalan que esta ola de incendios podría extenderse por varias semanas, en espera de que el invierno comience a repuntar el próximo mes. Los pronósticos meteorológicos a nivel local e internacional coinciden en que el fenómeno de La Niña ya comenzó, pero su intensidad será débil. Esto significa que los excesos de lluvias en las regiones Andina, Pacífica y Caribe no serán tan voluminosos como se preveía en junio pasado.
Visto todo lo anterior, es claro que deben redoblarse las precauciones. Es necesario estar atentos a la evolución de los niveles de ríos, embalses y represas, que son la columna vertebral de suministro de agua, así como del sistema hidroeléctrico interconectado, fuente de más de 60% de la oferta de este servicio a nivel nacional.
En Bogotá y los municipios aledaños, por ejemplo, ya la Administración distrital anunció la posibilidad de reimplantar un esquema de racionamiento de agua más drástico, sobre todo porque no se han recuperado los niveles de llenado de los embalses del sistema Chingaza. Incluso, el promedio de lluvias allí en agosto pasado fue el más bajo en 55 años.
Es imperativo, entonces, que el Estado en su conjunto se movilice para hacer frente a esta ola de incendios forestales que no solo implica un alto riesgo para la población, sino que afecta de modo grave los bosques, fauna y flora de miles de hectáreas. Un atentado directo a nuestra riqueza natural, paradójicamente ad portas de que se realice en Cali la COP16 sobre Biodiversidad, de la cual Colombia es potencia global.