* Desafiante e inaceptable postura del Eln
* ‘Paz total’ amenaza legitimidad del Estado
Tras lo ocurrido con el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz es claro que el proceso de negociación entre el Gobierno y la guerrilla del Eln no se puede retomar como si nada hubiera ocurrido desde que cerró el cuarto ciclo de negociación.
El plagio no solo demostró que esa organización ilegal está violando de manera flagrante el cese el fuego que comenzó en agosto, sino que dejó en evidencia que los protocolos para asegurar el cumplimiento de lo pactado en la mesa son muy débiles, al punto que solo después de varios días se tuvo certeza de que esa facción guerrillera estaba detrás del plagio.
Quedó patente, asimismo, que el llamado ‘Comando Central’ eleno no tiene control absoluto sobre la actividad de sus bloques y frentes, y que si bien en este caso se pudo descubrir la grave anomalía, no se sabe en qué otros secuestros o incluso homicidios, masacres, desplazamientos forzados, ataques a la Fuerza Público y otros delitos de alto impacto también está de por medio esta trampa al proceso de paz. Según las investigaciones de la Fiscalía, ya se estableció que en el caso del progenitor del jugador del Liverpool y de la selección Colombia el grupo ilegal está trabajando en conjunto con bandas de delincuencia común para que estas secuestren y luego les ‘entreguen’ a las víctimas y que sea la guerrilla la que maneje la exigencia económica a la familia y cobre el rescate.
Si bien es cierto que la delegación gubernamental condenó el secuestro del padre del jugador y exigió al Eln que devuelva a las demás personas que tiene en cautiverio (alrededor de una treintena, según algunas investigaciones), la respuesta del máximo comandante de esa guerrilla, alias ‘Antonio García’, resultó en un portazo muy grave para la institucionalidad y la postura de negociación del Ejecutivo. El cabecilla indicó que esa facción “… no aceptará chantajes ni imposiciones” y reiteró que “… no existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales”.
Surgen, entonces, dos preguntas: ¿Acaso no dijo el Gobierno que el acuerdo de cese el fuego abarcaba no solo la suspensión de las operaciones ofensivas militares sino, también, de las hostilidades sobre la población civil? ¿No se previó que si la Fuerza Pública dejaba de atacar al Eln, este tendría vía libre para secuestrar, extorsionar, desplazar, confinar y atemorizar a la población?
Pero la postura desafiante del Eln no terminó ahí. ‘García’ indicó que quedaba “pendiente buscar en la mesa una solución concreta y real para financiar el cese. Esto lo tiene claro la delegación del Gobierno, por eso se estaba buscando una forma de financiación”.
Y, como si todo lo anterior fuera poco, el cabecilla eleno fue más allá y sostuvo que “todas las estructuras del Eln tienen la orientación de realizar operaciones militares para conseguir finanzas, pues no nos financiamos con el narcotráfico, somos una organización pobre como la mayoría de los colombianos y no nos avergüenza”.
Es evidente que el quinto ciclo de negociaciones no puede arrancar con la agenda y cronograma pactados al cierre del cuarto en Caracas. Es imperativo que se aborde desde ya, no la negociación de cómo reemplazar los ingresos que percibe la organización criminal por el secuestro y otros delitos, sino la proscripción obligatoria de los plagios, tal como lo señala el Derecho Internacional Humanitario.
La gaseosa y accidentada política de ‘paz total’ no puede someter al Estado colombiano a un escenario en el que deba ‘mantenerse’ económicamente al Eln so pena de que, si no se disponen de tales recursos, entonces decenas o centenares de colombianos serán secuestrados. No es aceptable un chantaje de ese calibre al Estado Social de Derecho. Hacerlo sería tanto como avalar otra de las polémicas propuestas gubernamentales: pagar a los criminales jóvenes para que no delincan, bajo la polémica tesis de que solo así dejarían de matar, atracar y atemorizar al ciudadano inocente.
El mismo Defensor del Pueblo, en entrevista del lunes pasado con este Diario, advirtió que no se podía dar vía libre a una especie de ‘subsidio’ a esa guerrilla para que no incurra en más plagios.
Así las cosas, ahora que se anuncia que la próxima semana arrancaría el quinto ciclo de negociaciones con el Eln en México, es imperativo que el Gobierno, cuya estrategia de paz parecería dirigida a debilitar las nociones mínimas de orden y autoridad, corrija su fallida estrategia y ponga los puntos sobre las íes de entrada. En modo alguno puede subordinarse la institucionalidad a las exigencias guerrilleras. La paz es un derecho superior pero su búsqueda tiene límites, el principal de ellos: no sacrificar la legitimidad estatal ni dejar a los colombianos inermes ante la barbaridad delincuencial.