El hecho de que a menos de un mes para los comicios regionales y locales todavía no esté clara la viabilidad legal de algunas candidaturas a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y JAL, evidencia un vacío muy grave en la legislación electoral.

No hay que olvidar que el plazo para el cierre de inscripciones de aspirantes a los ejecutivos y legislativos de orden departamental y municipal se cerró el pasado 29 de julio. Es decir, cuatro meses antes de la cita en las urnas del 29 de octubre.

Sin embargo, anoche todavía el Consejo Nacional Electoral seguía resolviendo impugnaciones y demandas contra un alud de candidatos, especialmente por la sospecha de estar incursos en violaciones a los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades.

Es claro que el proceder el alto tribunal está dentro de los plazos señalados un año atrás por el calendario electoral. Tampoco se puede desconocer que el volumen de casos a analizar en esta ocasión ha sido muy alto, además de la complejidad que significa la tarea de analizar en tiempo récord proceso por proceso, hacer una valoración de acervo probatorio a favor y en contra del candidato, para luego proyectar ponencias para cada caso en particular y someter a votación de los magistrados.

Sin embargo, no se puede considerar normal que candidatos que llevan varios meses en campaña, adelantando manifestaciones, confeccionando planes de gobierno, asistiendo a debates, haciendo publicidad y al frente de todo el aparato proselitista que se requiere para competir por un cargo de elección popular, de un momento a otro, faltando menos de un mes para la hora de las urnas, terminen siendo descalificados.

Y, como si lo anterior fuera poco, los aspirantes que son descalificados de inmediato anuncian que interpondrán acciones de tutela y otros recursos para hacer respetar su derecho a elegir y ser elegidos. Es decir, que la incertidumbre se prolonga aún más pese a la cercanía del día de elecciones.

Pero no solo es problema de los candidatos a los que el CNE les revoca la inscripción. Lo más grave es lo que pasa con la ciudadanía que había decidido votar por esos aspirantes que son sacados de competencia en la recta final. Ahora es necesario que cada persona vuelva a revisar lo que propone el resto de aspirantes o que, en una actitud por demás natural y comprensible, decida votar en blanco o abstenerse de sufragar.

Sea cual sea el caso, se evidencia aquí un vacío grave en la legislación electoral en nuestro país. Un vacío advertido años atrás pero que sigue sin corrección efectiva alguna, pese al daño que la hace a la transparencia democrática