Mientras el país y la comunidad internacional continúan esperando que el gobierno Petro exponga un plan de acción, concreto y verificable, para enfrentar la crisis evidenciada por el reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), según el cual la extensión de narcocultivos en 2023 subió a 253 mil hectáreas y el potencial de producción de cocaína aumentó un 53 %, llegando a un estimado récord de 2.664 toneladas anuales, la Casa de Nariño lo que está preparando es un decreto para “reglamentar el uso de plantas de amapola y coca para fines médicos, científicos de investigación e industriales por parte de entidades públicas”.

Más allá de la cantidad de cuestionamientos y alertas tempranas que genera este borrador de decreto, preocupa que el Ejecutivo no se concentre en lo verdaderamente importante: cómo evitar que el país siga, como alguna vez lo dijera un procurador frente a una extensión de sembradíos ilegales menor a la actual, “nadando en coca”.

Si bien en los últimos dos años crecieron las incautaciones de estupefacientes, un análisis comparativo de la última década evidencia que, proporcionalmente, el actual gobierno es el que menos está decomisando droga frente al volumen producido por los narcotraficantes. De hecho, por cada tonelada interceptada, tres llegan a los mercados internacionales.

La urgencia de ese plan de acción es mayor pues el citado informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) advierte que los enclaves territoriales con más alta densidad de narcocultivos son, a la vez, las regiones con tasas elevadas de violencia y actividad delictiva. De hecho, gobernadores y alcaldes vienen denunciando que los grupos armados ilegales están desplazando en algunos lugares la autoridad legítima del Estado y disparando la victimización de los habitantes.

En ese orden de ideas, lo que Colombia urge no es un confuso y riesgoso decreto que abra la puerta a la legalización por la puerta de atrás de los cultivos de hoja de coca y amapola, como tampoco una norma que incentive estos sembradíos, a sabiendas de que mientras el narcotráfico y la violencia imperen en muchas zonas, cualquier proyecto con estos productos, por más fines médicos, científicos e industriales que tenga, será inevitablemente permeado por las mafias.

El Gobierno no puede esquivar la realidad: el país se le inundó de coca y no es con menos erradicación ni flexibilización antidroga como podrá enfrentar este riesgo de seguridad nacional.