No deja de llamar la atención que mientras en el Gobierno Nacional Central, acorde con el fallido proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para 2025 (que se hundió en el Congreso, pero todavía no ha sido emitido por decreto gubernamental), el rubro de inversión fue uno de los más castigados en medio de la aguda crisis fiscal, en algunas de las principales ciudades capitales del país la situación es diametralmente opuesta.

Veamos: según el citado proyecto de ley, el monto del presupuesto para el próximo año sería de 523 billones de pesos (aunque con doce billones desfinanciados). De esta cifra, $327,9 billones (62,7%) corresponden a gastos de funcionamiento, $112,6 billones (21,5%) al pago del servicio de la deuda y solo $82,5 billones (15,8%) a inversión.

La otra cara se da en las principales urbes del país. Por ejemplo, el Concejo de Bogotá aprobó la semana pasada el presupuesto distrital para el 2025 por un monto de $38,4 billones, con la siguiente distribución: Inversión, $31,3 billones (81,4%); gastos de funcionamiento, $5,1 billones (13,4%); y servicio de la deuda: $2 billones (5,2%).

Otro tanto ocurrió en Medellín, en donde días atrás el Concejo aprobó el presupuesto general del próximo año por un total de $10,96 billones. De estos recursos se asignarán $8,79 billones para inversión, $1,23 billones para funcionamiento y $616.583 millones para atender las obligaciones de la deuda.

En Barranquilla, por otro lado, van más adelantados. La semana pasada la alcaldía ya sancionó el acuerdo que establece el presupuesto para 2025 por un valor de $6,7 billones. Del total de estos recursos financieros el 82% será destinado a la inversión, una cifra sin precedentes. Otro 10% irá a honrar los compromisos con el sector financiero y un 7% a gastos de funcionamiento.

Finalmente, en Cali la iniciativa a la que se le dio luz verde tiene un monto de 5,9 billones de pesos, de los cuales $4,5 billones estarán destinados al cumplimiento del plan de desarrollo (inversión), $1,1 billones para funcionamiento, y $218.000 millones para el servicio de la deuda.

Como se ve, las diferencias en los porcentajes de destinación de los presupuestos del Gobierno Nacional Central y las principales cuatro ciudades del país son muy notorias. Por lo mismo, se abre un interrogante en torno a cuál será el impacto en esa distribución de recursos cuando entre en vigencia la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que modifica las transferencias de los ingresos corrientes a gobernaciones y municipios, previa la definición de las competencias de gasto que ahora asumirán las regiones.