* Aumentan quemados con pólvora
* El problema son los compradores
Desalentador. No existe otro calificativo para lo que está ocurriendo este año en torno del número de personas que han sufrido quemaduras de distinto grado por utilizar o ser alcanzados por los tantas veces prohibidos pero aún comercializados clandestinamente productos pirotécnicos. Voceros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indicaron que en la actual temporada de fin de año se registran 243 casos de personas afectadas por la manipulación de pólvora, de los cuales 166 son menores de edad. Además de ser ya de por sí muy grave esta cantidad de hombres, mujeres y niños lesionados, lo más preocupante es que esa cifra representa un incremento del 30 por ciento frente a los casos registrados a finales de 2010.
¿Cómo puede ser posible este aumento de personas quemadas cuando la legislación que restringe la producción y comercialización de estos artículos pirotécnicos es la más fuerte de las últimas décadas? ¿Acaso en la gran mayoría de los departamentos y municipios sus respectivas autoridades regionales y locales no llegaron a acuerdos para que se prohibiera en toda la jurisdicción la venta callejera de pólvora? ¿Será necesario aumentar los operativos que la Policía y otras autoridades han multiplicado en los últimos meses para descubrir y desmantelar fábricas clandestinas de productos pirotécnicos? ¿En qué pueden estar fallando las numerosas campañas públicas que se han realizado para hacerles entender a los padres de familia y, en general, a todo adulto responsable y hasta a los propios jóvenes y niños de la peligrosidad de utilizar estos artefactos explosivos y lumínicos? ¿Acaso no tendrá claro la opinión pública que los espectáculos de pirotecnia sólo están autorizados a profesionales debidamente autorizados y con experticia certificada, y que cualquier infracción a esta norma general acarrea sanciones penales, disciplinarias y hasta fiscales? ¿Será que a los padres, madres y responsables de los menores de edad no los asusta o preocupa el hecho de que puedan terminar en la cárcel por permitir que sus hijos manipulen los tristemente célebres pitos, totes, volcanes, bengalas y tantos otros artículos con nombres estrambóticos que son un peligro evidente para quien los usa o está cerca? ¿Habrá necesidad de que las autoridades expongan más públicamente a los 24 adultos contra quienes ya se han instaurado denuncias penales por este concepto o a los involucrados en el más de medio centenar de procesos por la custodia temporal de los menores debido al riesgo al que fueron expuestos? ¿O tendrá que recurrirse, lamentablemente, a presentar directa y crudamente las imágenes de los niños desfigurados y profundamente adoloridos para que los adultos tomen conciencia de la peligrosidad de este flagelo? ¿Qué más medidas habrá que tomar en regiones como Antioquia, Valle y el Eje Cafetero, las de mayor volumen de lesionados con pólvora este año?...
Esos y muchos otros interrogantes se pueden formular para tratar de explicar cómo es posible que pese a todas las medidas tomadas, cada vez más drásticas y restrictivas, la curva de personas quemadas con pólvora en épocas de Navidad y Año Nuevo no decline de manera definitiva. Quizá la única explicación, que no lógica ni mucho menos aceptable, es que persiste una porción de colombianos que, en una peligrosa desviación cultural y social, siguen creyendo que celebración que no implique peligro para ellos, sus hijos, sobrinos, nietos y demás familiares o conocidos, no tiene la misma intensidad que festejar de una manera sana y sin riesgo alguno. El problema, en el fondo, no es la venta clandestina de pólvora, sino los cientos de personas, en su mayoría adultos, que sabiendo todos los peligros que su utilización implica, deciden comprarla y llevarla a sus casas y vecindades. No importa cuánto más drástica se haga la ley o el refuerzo de los operativos contra las fábricas ilegales de estos productos, poco se avanzará mientras haya quien los adquiera. Una irresponsabilidad eterna que aún no se ha podido erradicar.