* Un mecanismo para el olvido
* La Fiscalía en todo su vigor
De no haber sido sometidos a presión los miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la figura de la reelección presidencial inmediata habría sido votada negativamente. De acuerdo con la Constitución, los congresistas, en cualquier caso, sólo pueden votar y actuar consultando la Justicia y el bien común. El hecho fue que en esa época, de acuerdo con los testimonios y documentos de la congresista condenada Yidis Medina, su criterio fue modificado no por lo anterior sino porque le fueron ofrecidas todo tipo de prebendas por agentes gubernamentales, en especial los ministros del Interior y de Protección de entonces Sabas Pretelt y Diego Palacio. En consecuencia, ayer fueron llamados a juicio por el delito de cohecho.
Ello, desde luego, es sólo el aspecto penal que, después de múltiples dilaciones y enervamientos, finalmente produjo este primer resultado. El caso es que con esas circunstancias toda la dinámica de la política colombiana, fruto del cambio de un “articulito”, viró sustancialmente. No obstante, la figura de la reelección presidencial inmediata tiene todos los visos de ilegitimidad por cuanto no sólo Yidis Medina, sino el entonces congresista Teodolindo Avendaño, que no asistió a la sesión producto de las prebendas, permitieron espuriamente el cambio de las mayorías. El mismo Avendaño fincó su inasistencia en la oferta de una Notaría, de la cual después se demostró que la había vendido al mejor postor a cambio de millonarias mesadas. Por ello, como Medina, purga condena.
No sólo fue Avendaño el que tuvo el privilegio de acceder a Notarías. Otros parlamentarios, que de antemano estaban por la afirmativa a la reelección presidencial, también habrían contado con esos privilegios, algunos de los cuales están en investigación sin que aún se sepa de sus resultados. De hecho, quien se aproxime al libro escrito por Medina sobre el caso, quedará estupefacto con la forma prosaica de algunas actuaciones gubernamentales.
Estos parlamentarios, en espera de los que faltan, han cumplido o están cumpliendo las sanciones dictaminadas por la Corte Suprema de Justicia. El país, ciertamente, estaba pendiente de las actuaciones judiciales en torno de los oferentes del Gobierno. Y por más que se han querido desestimar los testimonios y documentos de quienes han hablado en los estrados judiciales, lo cierto es que con la resolución de ayer ello parece superado. Si bien seguramente se quiso la prescripción por términos procesales, que se cumplían el dos de mayo, ya no es ello temor en este caso.
Hoy, cuando está plenamente demostrado que ningún mandatario es irreemplazable, como se dijo entonces, ni que las encuestas favorecen a una sola persona, puede decirse que la figura de la reelección nunca tuvo un piso real, sino que fue, como lo reiteró este periódico una y otra vez, un embeleco. La preocupación central consistía en que esa figura sería acicate para la corrupción y los feudos podridos, como después ha quedado totalmente demostrado en el hecho palmario de que muchos agentes del Gobierno anterior vienen desfilando por los tribunales luego de las trapisondas demostradas. Están pendientes también en la Fiscalía las resoluciones correspondientes a la reintentona de elegirse por tercera vez el Gobierno anterior a través de un referendo que rompía todas las vértebras constitucionales. En efecto, tanto el vocero del mismo, que era el Secretario del Partido presidencial, como la financiación por parte del Comité Promotor, están en entredicho y a la expectativa de prontas determinaciones. Si bien en su momento, cuando se iban a dictar las resoluciones, se cambiaron sorpresivamente los Fiscales, es hora de que la entidad tome las acciones correspondientes para que no se agoten los términos.
Dos son las cosas que por el momento están claramente demostradas. Una, que la Fiscalía sigue actuando pese a la crisis suscitada con las interpretaciones del Consejo de Estado. Y dos, que habiendo nacido la figura de la reelección de un mecanismo ilegítimo, el país sigue preguntándose si ella evidentemente existe como norma ajustada a la Ley.