*El caso de los videos en Bogotá
*La libertad de expresión en el mundo contemporáneo
GRAVE el debate entre las autoridades sobre si los medios de comunicación pueden o no publicar videos en sus plataformas formales o virtuales. Ni siquiera debate, porque de hecho, se ha dejado en el aire la especie de que al hacerlo, a raíz de los recientes atentados terroristas en Bogotá, se estaría rompiendo la cadena de custodia de las pruebas y afectando las investigaciones. Lo que por supuesto deja de lado lo que en primer lugar es deber de toda labor informativa seria y responsable: dar los elementos de juicio a la mano para que los internautas puedan sacar sus propias conclusiones con base, como dice la Constitución, en una información veraz e imparcial.
El mundo de las comunicaciones contemporáneas, que en los periódicos exige inmediatez y que gracias a las redes electrónicas se han venido actualizando de manera irreversible, determina que se actúe en tiempo real. La información, aquí y ahora, es un imperativo en el ajetreo diario de los medios de comunicación e impedir esa labor actúa, ciertamente, no sólo contra la Constitución, sino contra la libertad de prensa establecida en los convenios internacionales.
De hecho, videos y fotografías adelantados por periodistas independientes han servido, en su oportunidad, para enfocar actos que de otra manera hubieran podido pasar inadvertidos. Caso concreto, por ejemplo, hace dos años cuando un periodista en Santa Marta filmó el modo cómo el carbón hacía estragos en la bahía, luego de hundirse una barcaza adscrita a la Drummond. Ello permitió que de inmediato el Ministerio de Ambiente se pusiera alerta e iniciara una investigación que terminó con las sanciones respectivas. Entre tanto, se pudo controlar de inmediato, en lo posible, el daño ambiental causado y la propia ciudadanía se encargó del escrutinio correspondiente. ¿Habría, a los efectos, tenido que reservarse el video como elemento probatorio y esconder la realidad a la opinión pública?.
Casos como éstos se han venido repitiendo en otras áreas de las actividades sociales y han servido en muchas ocasiones para capturar delincuentes o impedir acciones lesivas para la comunidad. De hecho, las redes sociales independientes suelen ser activas y faltaría más que videos en los que se han visto, verbigracia, concejales andando a toda velocidad en contravía o parlamentarios irrespetando a la policía, fuesen censurados de antemano o emitidos acorde con lo que sea menester para las indagaciones formales.
Una democracia se caracteriza, esencialmente, no sólo porque existan elecciones consecutivas, sino precisamente porque hay libertad de prensa que es, del mismo modo, no solamente un derecho fundamental, sino una característica esencial en la nueva doctrina de los Derechos Humanos. Por eso en la misma Constitución dice en su artículo 20 que “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación”.
Resultaría, en tanto, verdaderamente paradójico que mientras medios de comunicación que llevan varias décadas y hasta centurias informando debidamente a la opinión pública, demostrando responsabilidad cotidiana y rectificando -muy de cuando en vez- se vean ahora abocados y arrinconados en el cumplimiento de su deber. Frente a ello, en cambio, gajes de la modernidad, es muy fácil recurrir, por ejemplo, a los medios electrónicos que tiene la guerrilla colombiana enterándose la ciudadanía directamente de lo que están pensando. Mucho más allá, incluso, que puede ver desde cualquier parte del mundo, las escabrosas imágenes de asesinatos de periodistas por parte del Estado Islámico. Aun así, hay medios internacionales de renombre que han colgado en sus portales los videos, sin que a nadie se le ocurra impedirlo porque podría ser una prueba para el procesamiento judicial del EI.
Tratar de insinuar que los medios de comunicación, por el solo hecho de transmitir la información veraz e imparcial, están incurriendo en obstrucción a la justicia, desdice ciertamente de los criterios de quienes conocen bien lo que significa la libertad de expresión. La América Latina sufre, en diversos países con gobiernos de corte autoritario y populista, una arremetida infamante contra esa libertad indispensable. Seguir esos postulados antidemocráticos, cuando por el contrario el mundo moderno lo que está permitiendo es una expansión de la democracia por vía de una mayor información, es no solamente un pensamiento de las cavernas, sino la advertencia de que se bordea esa ruta oprobiosa.