Una de las modificaciones está en la participación de los máximos órganos jurisdiccionales en la nominación y elección de las autoridades de control fiscal y sanción disciplinaria. Todo ello precisamente cuando, por el contrario, hoy más que nunca son ampliamente reconocidas, tanto en Colombia como en el exterior, las actividades que vienen adelantando la contralora, Sandra Morelli, y el procurador, Alejandro Ordóñez. Circunstancias que, además, han encontrado acicate en la convocatoria que les ha hecho el mismo Santos, sumada la fiscal Vivianne Morales, para combatir armónica y conjuntamente, sin trasvasar competencias, el flagelo de la corrupción, de suerte que está más que comprobada, en la práctica, la sana colaboración entre las enti-dades. ¿Cuál la razón para cambiar lo que se ha demostrado bueno y exitoso? ¿Será un autogol que quieren meter al Presi-dente? Y así ocurre, también, con el regreso a la cooptación, que fue uno de los grandes malestares por los cuales se dio la Consti-tuyente, pues a través de esa figura se presentaban bloqueos ju-risprudenciales lesivos a la modernización colombiana. 

Pero donde está el grueso de la reforma no es allí, ni tampoco en los ajustes de la tutela, inclusive ya puestos en marcha a partir de resoluciones internas, o en la descongestión judicial a través de notarios o similares, que es una idea de hace décadas no fructificada por la excesiva delegación en particulares. Ni siquiera en la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que no requiere abolirse, sino simplemente hacer más exigentes los requerimientos e idoneidad para ser magistrado como se presupuestaba desde la Constituyente para tener allí lo más gra-nado de la magistratura. No. La reforma, en realidad, a lo que apunta es a quitar de la Justicia exposición, capacidades y control sobre los congresistas, que por lo demás nada tiene que ver con el ciudadano de a pie y las verdaderas necesidades. 

Ya está visto, como norte de la legislatura, que se inició la re-belión con el intento de reimponer la inmunidad parlamentaria, lo que causó un estruendo general en la opinión pública. Y ahora se llega a un llano similar modificando la pérdida de la investidura, en el Consejo de Estado, y quitando a la Corte Suprema de Justicia los atributos de investigar a los parlamentarios.  En cuanto a lo primero, una y otra vez el Consejo de Estado ha mostrado plena sindéresis en sancionar o exonerar a decenas de congresistas sin necesidad de enredar y embrollar con nuevos procedimientos. Y en cuanto a la Corte, se quiere quitar el fuero parlamentario, que no es una garantía para ellos sino para la sociedad, y pasarlo a la Fiscalía cuando por la congestión de casos no da ni siquiera abasto con lo que ya tiene. Es decir, generar dilaciones y rémoras, así ello solamente sea sobre los delitos desde la vigencia de la reforma en adelante. ¿Y qué pasará, en todo caso, con el principio de favorabilidad penal en la contradicción de los procedimientos?

Los cambios son, pues, una contrarreforma para comprometer los avances. Los congresistas se irán de bruces a aprobarla como pan en la puerta de una escuela, sobre todo en lo atinente a ellos. Y la Unidad Nacional quedará a salvo sólo a semejante precio. ¿Será que el Presidente se seguirá jugando por lo que traerá un lastre a su gobierno, ni siquiera sufragado con la Ley de Víctimas, y le granjeará vicisitudes internacionales a granel?