- Urgente y prioritaria investigación al respecto
- El Estado ha tomado suficientes correctivos
La posibilidad de que a los magistrados de la Corte Constitucional les estén espiando las comunicaciones es un asunto de extrema gravedad. No solo por tratarse del máximo tribunal de guarda de la Carta Política, sino porque años atrás se registró un escándalo similar con relación a la Corte Suprema de Justicia y no solo el caso derivó en varias y sonadas condenas, sino que, además, se tramitó una ley que introdujo drásticos controles a los servicios de inteligencia del Estado, sobre todo en cuanto a cómo, cuándo, para qué y bajo qué condiciones se puede ordenar la interceptación de las comunicaciones o incluso monitorear las actuaciones de funcionarios públicos o particulares. La principal de ellas es que cualquier seguimiento debe tener previa orden judicial y los consecuentes controles a bordo. Asimismo se implementó un sistema de vigilancia para evitar que bandas criminales accedieran a esta tecnología y detectar a tiempo sus andanzas.
Las declaraciones ayer de la presidenta de la Corte Constitucional se caracterizaron por una máxima cautela en torno a las preocupaciones que han expresado varios magistrados sobre ruidos extraños en sus llamadas telefónicas o la sospecha de que las mismas podrían estar siendo escuchadas por terceros sin autorización. “… Hay una preocupación colectiva que no se puede magnificar, ni minimizar", expresó prudentemente la magistrada Gloria Ortiz. No hizo señalamiento alguno y anunció que el alto tribunal enviará a la Fiscalía, la Dirección de Inteligencia y otras instituciones estatales sendas misivas informándoles de la preocupación al respecto, con el fin de que se inicien las respectivas investigaciones.
Dada la gravedad de las sospechas y teniendo aún fresco en la memoria de los colombianos el escándalo conocido como el de las ‘chuzadas’, que prácticamente conllevaron a la desaparición del tristemente recordado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), así como otros episodios posteriores con plataformas tecnológicas en varias entidades oficiales con capacidad de interceptar comunicaciones, es urgente que la Fiscalía y los demás organismos de inteligencia investiguen, de oficio, este posible caso de espionaje a los magistrados de la Corte Constitucional.
Tiene que dársele prioridad a este caso y de ser necesario abrir distintos frentes de pesquisas interdisciplinarias y con la colaboración de todas las instituciones necesarias. La sola existencia de una sospecha de espionaje a los magistrados no puede quedarse en el aire. Es imperativo despejarla en el término a la distancia, ya sea para descartar alguna situación irregular alrededor de las sesiones y las decisiones en el máximo tribunal de guarda constitucional, o para establecer si existe efectivamente algún tipo de seguimiento ilegal a los magistrados que, por obvias razones, tiene que ser castigado de la forma más drástica posible. Los propios organismos de inteligencia deben ser los primeros interesados en que la preocupación de la Corte se resuelva. Tampoco se puede olvidar que en el pasado se ha denunciado cómo organizaciones criminales han accedido a tecnología y otros mecanismos de espionaje a comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y hasta seguimientos en tiempo real.
Como se dijo, es un asunto de máxima prioridad. No hay que olvidar que en estos momentos hay en la agenda de la Corte una serie de temas de primer nivel e importancia relacionados con el acuerdo de paz, las fumigaciones aéreas con glifosato a narcocultivos, varios asuntos de amplias implicaciones en temas económicos, sociales e institucionales así como de aplicación de los derechos y las garantías.
Dada la importancia de esas decisiones y la gran expectativa en muchos sectores sobre una serie de fallos en ciernes, resulta complicado que ahora, por motivos de seguridad, los magistrados se vean forzados casi que a mantener en secreto quién lleva determinado proceso o qué se va a debatir en las salas y la plenaria.
Incluso resulta extremo que el alto tribunal tenga que oficiar a la Policía, la Fiscalía o la Dirección Nacional de Inteligencia para que se le informe si hay investigaciones en curso contra algún magistrado y si en desarrollo de las mismas se autorizó alguna interceptación de sus comunicaciones. Dicha solicitud resulta hasta improcedente porque no necesariamente las autoridades están obligadas a compartir dicha información, ya que hacerlo podría llegar, si ese fuera el caso, a afectar una eventual diligencia de instrucción y recolección de pruebas.
Visto todo lo anterior, se entiende por qué las sospechas de la Corte Constitucional en torno a que podría estar siendo espiada son de extrema gravedad y exigen un esclarecimiento rápido y pronto. El país no aguanta un escándalo más sobre ‘chuzadas’.