- Legalización y seudo legalización
- Una estrategia integral, aquí y ahora
Es muy posible que, si no se hubiera dado el drástico viraje en la lucha contra los cultivos ilícitos después de 2013, Colombia podría estar hoy en buena parte libre de ese flagelo. Porque fue en los primeros tres años de la Administración Santos cuando el país vio descender consistentemente el área de hoja de coca sembrada, como es fácil corroborarlo en cualquiera de las fuentes y rubros que se utilizan para medir el fenómeno.
En esa dirección, el número de toneladas métricas de cocaína para exportación llegó incluso a reducirse entre 210 y 230 en 2012 y 2013. De haberse continuado por ese camino, manteniendo la estrategia adoptada sin los virajes a los que fue sometida posteriormente, es muy factible que el país, a estas alturas, hubiera podido concentrar sus esfuerzos en otros requerimientos nacionales impostergables. Por desgracia, desde 2014 se produjo un requiebre y comenzó la vertiginosa ruta ascendente que en la actualidad tiene al país, de lejos, como el principal productor de cocaína en el mundo con más 900 toneladas métricas del alcaloide, resultado de cerca de 210.000 hectáreas sembradas de hoja de coca; de los laboratorios que pululan en zonas aparentemente inaccesibles; y de la liberalidad que hay para llevar a cabo la comercialización desde Venezuela.
Frente a ello, algunos han dicho que el sendero aconsejable es la legalización. En realidad, es un tema bastante viejo desde que la nación colombiana exportaba tan solo una tonelada y media anual de cocaína, en 1977, y que desde entonces suele concitar algunas voces académicas o periodísticas, en particular aquellas que creen que la liberación del mercado podría ser un regulador efectivo. El problema consiste, sin embargo, en que, siendo una productora y exportadora de drogas ilícitas de la magnitud actual, Colombia tiene una voz prácticamente inaudible para ese propósito en el escenario internacional, pese a reiterar una y otra vez que ha sido víctima del consumismo y la violencia concomitante. De hecho, durante la Administración Santos se propuso formalmente abrir un gran debate global sobre la legalización o despenalización y el tema quedó en nada: ni siquiera en un saludo a la bandera. Nadie en el mundo puso atención al gobierno colombiano y la alianza con Guatemala para ello no tuvo consecuencia alguna. Hoy esa tesis suena, más bien, como un esguince para salir del paso del mejor modo, en foros y conversatorios del exterior, y no asumir las responsabilidades inmediatas, tanto nacionales como extranjeras, que es el problema cuando se habla de compromisos y políticas de Estado donde no hay campo para las especulaciones.
El hecho fue que mientras se pedía abrir el debate de la legalización en las Naciones Unidas, para lo cual se propuso crear un comité que nunca se reunió, el país vio crecer exponencialmente, año a año, la producción cocalera hasta llegar a las cifras inconmensurables que hoy se tienen. Se cedió el terreno, donde prácticamente se cuadruplicaron los cultivos ilícitos, al mismo tiempo en que se adelantaban las conversaciones entre el gobierno de turno y las Farc, una de cuyas tesis principales consistía precisamente en cambiar la estrategia antidroga. Así se hizo en medio de las conversaciones de paz y así quedó establecido posteriormente en las cláusulas del acuerdo de La Habana, luego de Cartagena, denegado en el plebiscito y más tarde transmutado en el acuerdo del Colón sin el aval popular. De esa manera, para nadie es secreto que la espiral cocalera fue una herencia perversa de los diálogos habaneros, además cuyas cifras sobre desmovilización guerrillera, no sólo están actualmente en entredicho, sino cuyas disidencias y reincidencias son hoy grandes beneficiarias del auge de la coca originado en la intempestiva variación de la estrategia de entonces.
Paralelamente, durante el lapso, el país vio entronizarse desde diferentes flancos una especie de seudo legalización velada a partir, por ejemplo, de llevar la dosis mínima a la dosis personal de abastecimiento que produjo, asimismo, una inusitada bonanza del microtráfico y el consumo interno, fruto también de tanta droga ilícita a la vuelta de la esquina. El gobierno actual quiso poner coto a ello, para proteger el entorno escolar, el espacio público y los parques, pero la Corte Constitucional tumbó los decretos. No obstante, la reacción del país ante ello ha sido colosal, como acaba de registrarse en la encuesta Gallup.
Frente a todas estas circunstancias adversas es, desde luego, importante que la Administración Duque haya logrado estancar la tendencia alcista en 208.000 hectáreas de cultivos ilícitos, gracias a la actividad de los últimos ocho meses “en busca del tiempo perdido”. Pero sería ello consuelo de tontos si no se adopta una verdadera estrategia integral, con todos sus componentes, para liberar al país de la coyunda cocalera en que sigue inmerso.