De extrema gravedad resulta la posibilidad de que a partir del próximo 1 de diciembre el suministro de gas natural en Colombia para uso en hogares, automotores, comercios e industrias pueda verse restringido.
Si bien desde hace varios meses se viene advirtiendo del riesgo de una crisis en el sector energético, sobre todo por los problemas financieros, las falencias estructurales del sistema y el impacto del bajo nivel de los embalses en la eficiencia de la cadena de generación hidroeléctrica, sumado a que ya en ciudades como Bogotá y la región circundante se aplica desde abril un racionamiento de agua, es claro que el flanco que más preocupa es el del gas.
De hecho, tanto los gremios sectoriales como el Gobierno y toda la cadena de producción, comercialización y distribución de este combustible admitieron que ya el déficit a corto plazo es una realidad inesquivable y, por lo tanto, debían viabilizarse las medidas para aumentar las importaciones antes de que termine este año. Incluso, ya hay previsiones sobre el alza en las tarifas para los usuarios, que podrían encarecerse 10% o más en el semestre venidero. Otro elemento que evidencia que estamos ante una crisis anunciada es que desde hace varias semanas las termoeléctricas, que se alimentan de carbón y gas, están funcionando a toda su capacidad con el fin de suplir el menor dinamismo de la cadena hidroeléctrica. Incluso Ecopetrol restringió la venta de gas a varias empresas de suministro vehicular con el objetivo de priorizar la oferta a la red térmica…
Precisamente, por ello no sorprendió lo advertido esta semana por gremios como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, según los cuales no hay suficiente gas natural local disponible para garantizar la atención sin interrupciones del 100% de la demanda de 36 millones de colombianos. Es más, le pusieron fechas a la crisis: a partir del 1 de diciembre los faltantes serán del 12% y, en caso de no tomarse medidas de fondo, a finales de 2025 y durante 2026 el déficit se incrementaría al 30%.
Para los expertos resulta claro que la caída en la autosuficiencia gasífera de Colombia tiene una relación directa con la controvertida y accidentada política de hidrocarburos del gobierno Petro, que no solo cerró la posibilidad de firmar nuevos contratos de exploración y explotación, sino que ha tomado otras decisiones que desincentivan la inversión, limitan el desarrollo de infraestructura minero-energética, aumentan las cargas tributarias y complican las operaciones en el terreno. A todo ello habría que sumar los costosos bandazos en el manejo de Ecopetrol y los vacíos reglamentarios, especialmente por el limbo funcional de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Paradójicamente, el potencial gasífero nacional sigue vigente. Prueba de ello fue el anuncio, la semana pasada, en torno al potencial del yacimiento “Sirius”, costa afuera en el mar Caribe, que no solo sería el más voluminoso desde 1990, sino que tendría la capacidad de duplicar las reservas de Colombia a mediano plazo. Obviamente es un proyecto en desarrollo y faltan varios años para que entre en producción plena.
Otro de los cuellos de botella de la industria gasífera es la demora en las consultas previas que deben realizarse con las comunidades étnicas en áreas de influencia de los pozos y gasoductos. Estos procesos terminan en intrincados pleitos que traban los proyectos, incluso por años. Es más, un experto señalaba que para ser operativo “Sirius” debería superar no menos de 116 consultas previas, un desafío logístico y normativo enorme.
El tema es tan complejo que exministros como Juan Camilo Restrepo urgen una revisión a fondo, ya que este mecanismo no se puede constituir en una barrera al desarrollo y las inversiones prioritarias. Incluso destacó que en el reciente fallo de la Corte Constitucional que declaró exequible el Acuerdo de Escazú, se ordenó que este no entrará en vigencia hasta tanto no se expida una ley estatutaria que racionalice el funcionamiento de las consultas.
¿Qué hacer? A inmediato plazo, como lo indicaron los gremios esta semana, es urgente aterrizar la normativa para facilitar la importación del combustible, su comercialización y distribución, incluyendo también el tema tarifario. Igualmente debe acelerarse el desarrollo de los proyectos de exploración y producción. Prioritario también es evitar un apagón financiero de las empresas de la cadena energética, así como clarificar y estabilizar la política gubernamental de hidrocarburos, de forma tal que no siga afectando confianza inversionista y seguridad jurídica.
Colombia todavía tiene margen de acción para paliar esta escasez de gas. Es urgente tomar las medidas del caso, tanto en lo público como en lo privado. No podemos terminar como Ecuador, hoy a oscuras por la grave crisis energética, tanto de índole estructural como coyuntural. Ese es un espejo cercano que alerta de los graves riesgos de no actuar a tiempo.