* Disputas de la magistratura

* Anarquía e inseguridad jurídica

Por cuenta de crisis  de las instituciones, del avance de la anarquía, de la atonía de los partidos políticos,  como de la  violencia, así como por los diversos pactos internacionales supraestatales, como por negociar con las grandes transnacionales y por otros factores, aumenta la debilidad del Estado. Somos un país en el cual en extensas zonas, que son tan grandes como algunas naciones europeas o del Caribe, ejercemos una soberanía fugaz o ninguna. El efecto de contar con varias Cortes que libran luchas de poder entre ellas, así como de la tutela tiende a sumir los pleitos en la anarquía. El contar con una Corte Constitucional compuesta de capaces y valiosísimos juristas, que en no pocas ocasiones mantienen criterios que discrepan con otros magistrados o con el Congreso y el Gobierno, generan disputas en las Cortes que han sido perniciosas para la seguridad jurídica. Se les reprocha que suelan legislar, so pretexto de desarrollar la Constitución; cuando lo que reza  en el texto es que su misión es declarar exequibles o inexequibles las leyes y velar porque se  respete la Constitución.

Eso de desarrollar la Constitución en un sistema presidencialista como el nuestro es exótico, no así en un régimen parlamentario. En un sistema parlamentario como el  del Reino Unido se pueden aprobar o improbar en una sesión leyes fundamentales, las que en nuestro país tardarían en pasar por las respectivas comisiones, por  la plenaria y en ser aprobadas varias sesiones. Para llegar al despacho del Presidente de la República, que podría no firmar y devolverlas al Congreso, por lo menos cuando no se trata de un Acto Legislativo; después pasan por la Corte Constitucional. El asunto es de una inmensa complejidad en cuanto más capaces son los juristas, puesto que los fallos de la Corte Constitucional en la práctica tornan a volverse inapelables. Siendo que so pretexto de defender el Estado Social de Derecho se las ingenian para intervenir en toda clase de entuertos que no debieran ser de su resorte, otro argumento para legislar. Y claro, otras Cortes se resienten y a su modo intentan defender lo suyo, a veces en contravía de otros fallos. Lo que anarquiza más el sistema. En particular cuando los derechos adquiridos se pueden vulnerar, antecedente peligroso en una democracia. Si bien no es una actitud generalizada, puesto que prestigiosos magistrados disienten de ese desbordamiento, lo cierto es que se ha tejido por cuenta de las altas Cortes una telaraña de fallos y directrices que se contradicen unas a otras, sin que hoy exista lo que en el pasado se conoció como doctrina probable. ¿Pensar que en países como los Estados Unidos y otros en donde prevalece la Corte Suprema tienen una justicia más pronta y eficiente?

Y no solamente la contradicción y el impulso al anarquismo está en las fricciones de las Cortes, abiertas o soterradas: funcionarios tan influyentes y capaces, como el fiscal general Eduardo Montealegre y el procurador de la Nación Alejando Ordóñez, mantienen una disputa permanente sobre asuntos esenciales de la vida nacional, que desbordan las funciones de sus cargos y muestran la disensión de dos de los personajes más importantes del país. Se dirá que es normal que en democracia dos altos funcionarios que tienen ideas distintas y pertenecen a corrientes antagónicas de pensamiento discrepen o disientan. Lo que no se corresponde con su alta investidura es que el antagonismo se haga público y contribuya a la hostilidad activa entre las instituciones, que, como es natural, explotan a su favor los litigantes y los medios de comunicación. Lo mismo que los que desde la sombra apoyan a los alzados en armas y están por la impunidad.

La Procuraduría y la Fiscalía, en aspectos esenciales se complementan y deben trabajar en común, para servir mejor a la sociedad. Incluso sus contradicciones expresadas con altura en temas candentes como la negociación de paz, pueden contribuir a  aclarar el proceso y darle más transparencia, en tanto no caigan en el juego que sirve a gentes interesadas en fomentar que se abominen mutuamente. Hasta sus  visiones contrapuestas, por su misma trascendencia, facilitan en últimas un cuadro valedero de la situación. Lo que es a todas luces inconveniente es que los enemigos de la sociedad y del Estado aprovechen esas rivalidades públicas para anarquizar más el país. Es de anotar que la Corte Constitucional le ha recortado las atribuciones al Procurador, lo que no le suena a los observadores que entienden que Colombia necesita de una Procuraduría y una Fiscalía, fuertes y que en su campo puedan cumplir su misión.

La anarquía se extiende a diversos centros de poder y entidades del Estado. En veces por cuanto abarcan demasiado, no ha reducido su tamaño y se confunde el poder estatal con gigantismo y engordar la nómina oficial. Existe la pluralidad de funciones en varios organismos gubernamentales, que en vez de ayudar a solucionar los problemas los agravan. En varios casos, en los cuales se han presentado grandes desfalcos a los inversionistas y al mismo Estado, aparecen las orejas de los encargados de entes oficiales que debieron poner coto a los desmanes y fueron permisivos. Es común que las multinacionales que invierten en Colombia cuenten con más abogados que ingenieros para favorecerse en las negociaciones con el Gobierno. Es lo que explica que se intente vender una empresa como Isagen, que vale más de lo que ofrecen y que es del patrimonio de los colombianos, dizque para invertir en infraestructura, cuando por su solidez financiera y las utilidades que produce y producirá, la banca le prestaría la suma que piden, a sabiendas de que con intereses la podrían pagar en un tiempo prudencial. Por lo que el Gobierno podría hacer la obra y quedarse con Isagen.

En el campo minero se observan en ocasiones numerosas anomalías, contratos desventajosos o ruinosos para el país, que se dan por cuenta de la anarquía o la debilidad en la legislación y la crisis de autoridad o por la pluralidad de funciones que tienen los entes nacionales y regionales, como por los errores de los funcionarios colombianos, que en varias oportunidades terminan por regalar valiosas minas cuando deben revertir al Estado, lo que ningún funcionario público en un país organizado y con un Estado fortalecido podría hacer.

Eso de desarrollar la Constitución en un sistema presidencialista como el nuestro es exótico, no así en un régimen parlamentario